La provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de los despedidos

Tras el fracaso de una nueva audiencia entre las partes, el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó a la empresa avícola Granja Tres Arroyos a retrotraer la totalidad de los despidos y fijó una nueva audiencia para el jueves. La medida busca destrabar el conflicto que mantiene en vilo a más de 6.700 trabajadores, en medio de denuncias por «vaciamiento» y despidos masivos.

Esta mañana hubo una nueva extensa audiencia sin acuerdo entre la empleadora, el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA PBA) y representantes de los municipios afectados de Esteban Echeverría y Capitán Sarmiento en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Ante esta situación, la Provincia dictó al finalizar la conciliación obligatoria en el conflicto que tiene como protagonistas a Granja Tres Arroyos SACAFI y Wade S.A., y dispuso la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos. El jueves próximo tendrán una nueva audiencia.

La resolución estableció un período de conciliación obligatoria de 15 días. En sus considerandos, el Ministerio de Trabajo bonaerense calificó el conflicto como «de extrema gravedad» y subrayó la necesidad de «mantener la paz social» y «poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal».

El artículo 4° de la disposición intimó a la empresa «a dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones a su cargo en el marco de las relaciones laborales para con las trabajadoras y trabajadores representados por la entidad sindical citada, retrotrayendo la totalidad de los despidos efectuados». Esta medida alcanza tanto a Granja Tres Arroyos como a Wade S.A., firmas vinculadas al empresario avícola José Luis Cionet, quienes suman más de 6.700 empleados en plantas de Buenos Aires y Entre Ríos.

El encuentro de esta mañana, que se extendió desde las 10 por más de seis horas, estuvo encabezado por el subsecretario de Relaciones del Trabajo, Andrés Reveles, y contó con la participación de los municipios de Esteban Echeverría y Capitán Sarmiento, así como del Ministerio de Producción bonaerense. Pese a la extensa negociación, las partes no lograron acercar posiciones y la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 10 de septiembre, pero antes del cierre la cartera laboral dictó la conciliación obligatoria.

La representación empleadora, encabezada por el gerente corporativo de Recursos Humanos, Walter Carrizo, rechazó «de modo categórico» las imputaciones de vaciamiento y atribuyó los despidos masivos a la «gravísima crisis económica, financiera y productiva» que atraviesa la compañía. Según la empresa, las reducciones de personal afectaron a trabajadores que ya se encontraban «inactivos, sin prestación de tareas producto de la falta de actividad y disminución del activo biológico». Carrizo sostuvo que la medida busca «salvaguardar la continuidad de la empresa» y lograr una «paulatina reactivación de la actividad productiva». Como gesto conciliatorio, la firma ofreció una donación de 1.000 cajas de pollos y se comprometió a realizar un pago parcial de salarios antes de la próxima audiencia.

La respuesta gremial fue contundente. Los representantes del STIA PBA, encabezados por el secretario general Daniel Leo y el dirigente Juan Carlos Obregón, rechazaron los argumentos empresariales y exigieron que la empresa comparezca con sus máximos responsables: Joaquín, Marcelo y Ariel De Gracia, quienes tienen poder de decisión efectivo. El gremio intimó a la empresa a cumplir con la totalidad del débito laboral adeudado y solicitó que se arbitren medidas para evitar la frustración de esos pagos, pidiendo que «no se innove sobre mercadería, materia prima y maquinaria». Además, reclamó el dictado de la conciliación obligatoria con la suspensión de todos los despidos.

Los municipios de Esteban Echeverría y Capitán Sarmiento acompañaron el reclamo gremial y exigieron la reincorporación inmediata de los trabajadores. Desde Capitán Sarmiento, la intendenta Fernanda Astorino fue especialmente crítica: «Exigimos la reactivación inmediata de la producción, reabrir puertas y dar tareas a los trabajadores», declaró en la audiencia, y pidió a la empresa que se expida sobre la posibilidad de iniciar un concurso preventivo para generar certidumbre entre los afectados. Por su parte, el Ministerio de Producción bonaerense se comprometió a abrir canales de comercialización para la empresa, pero advirtió que espera «un acuerdo de más largo plazo».

Tras escuchar a las partes, el Ministerio de Trabajo notificó la Disposición DI-2026-72, dictando la conciliación obligatoria por 15 días e intimando a la empresa a «retrotraer la totalidad de los despidos efectuados», bajo apercibimiento de sanciones.

El conflicto se desató a mediados de agosto, cuando el STIA PBA denunció despidos masivos y el «vaciamiento» de las plantas de la empresa, que según el gremio dejaban de producir para tercerizar la faena. La Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) había alertado que la firma «está vaciando las plantas, dejando de producir, despidiendo trabajadores y tercerizando la faena» para «vender la estructura».

La conciliación obligatoria, que comenzó a regir de inmediato, fija una nueva audiencia para este jueves en la cartera laboral provincial, donde se espera que las partes retomen el diálogo para encontrar una salida al conflicto.