La UTA, gremio que conduce Roberto Fernández, cuestionó al Municipio de Moreno por no incluir en el pliego de licitación del transporte público una cláusula que garantice la estabilidad de los empleados de La Perlita. La medida, que ya fue aprobada por el Concejo Deliberante, abre el servicio a tres nuevas operadoras y, según el sindicato, deja en «incertidumbre» a los actuales trabajadores, quienes temen por la pérdida de antigüedad y condiciones laborales.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) expresó su «profunda preocupación» por la falta de respuestas del Municipio de Moreno ante el proceso de licitación del transporte público, que afecta a más de 800 trabajadores del actual operador, La Perlita. El gremio que conduce Roberto Fernández advirtió que, de persistir la situación actual, «el Municipio estará generando un escenario de creciente conflictividad que pone innecesariamente en riesgo la paz social».
El pliego aprobado por el Concejo Deliberante de Moreno el mes pasado y cuestionado por la UTA, plantea la división del partido en tres zonas de operación, cada una bajo responsabilidad de una empresa diferente y apunta a mejorar la conexión de 125 barrios con dificultades de cobertura.
Si bien el proyecto, impulsado por la intendenta Mariel Fernández, establece que los actuales trabajadores de La Perlita «conservarán su empleo» y que las nuevas prestadoras deberán absorber la planta de personal, la UTA denunció que en la práctica no existe una garantía explícita que proteja la continuidad laboral, la antigüedad y los derechos adquiridos.
El reclamo del gremio se produce en un contexto de incertidumbre que ya generó protestas por parte de los choferes de La Perlita, quienes cuestionaron el contenido del pliego y advirtieron que la división en zonas no resolverá el problema del transporte de fondo.
La UTA reclamó una respuesta inmediata del Municipio que garantice los puestos de trabajo y todos los derechos de los trabajadores involucrados, antes de cualquier adjudicación. El gremio advirtió que no aceptará que la fuente de trabajo quede «sujeta al resultado de una licitación o a la decisión de futuros adjudicatarios», en un escenario que podría derivar en un conflicto que afecte la prestación del servicio.
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