Bahía Blanca: La cámara empresaria denunció a recibidores de granos por romper la conciliación por negarse a trabajar en sus francos, Urgara los acusó a los empresarios de amenazas

Empresarios denunciaron que trabajadores se negaron a hacer horas extra y entendieron que era una medida de fuerza gremial en el marco del conflicto salarial con la cámara empresaria. También aseguraron que esto desarticuló la logística de recepción y afectó a la terminal de Bahía Blanca, clave para la salida de granos. El gremio negó las acusaciones: «No se rompió la conciliación obligatoria. Los que la están rompiendo son ellos, amenazando a los trabajadores que tienen los francos disponibles para que vayan a trabajar, con la amenaza de sacarles las vacaciones».

La Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) presentó una denuncia formal contra la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) por incumplir los términos de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Según la entidad empresaria, delegados gremiales del sindicato se negaron a realizar horas extras e impidieron el reemplazo o derivación de personal entre sectores en el Puerto de Bahía Blanca, lo que habría generado que «más de 400 camiones con granos queden varados» en las inmediaciones del complejo portuario. Desde URGARA, en tanto, negaron haber violado la conciliación y calificaron la cifra de camiones afectados como un «invento».

El conflicto se originó en la negociación paritaria. La CPPC asegura que presentó una oferta salarial superadora: un incremento del 31,99% para el período enero-diciembre de 2026 y una suma extraordinaria de hasta $359.095 para la tercera categoría, a pagar en dos cuotas desde agosto. URGARA, por su parte, reclama una recomposición del 35,5% y sostiene que el atraso salarial correspondiente a mayo, junio, julio y agosto sigue sin resolverse. «La pérdida salarial no está saldada, y la actividad sigue en niveles récord», advirtieron desde el sindicato.

La conciliación obligatoria, dictada el 19 de agosto por la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, tiene una vigencia de 15 días y exige a las partes mantener la prestación normal de servicios. Sin embargo, la CPPC sostiene que la negativa a realizar horas extra y a cubrir vacantes constituye una «medida encubierta de fuerza» que desarticula la logística de recepción en una actividad que opera bajo régimen continuo 24×365. Por eso, la cámara solicitó a la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, la urgente intervención y la aplicación de sanciones por lo que consideran una ruptura de la paz social.

Desde el gremio, en tanto, rechazaron las acusaciones. «No se rompió la conciliación obligatoria. Los que la están rompiendo son ellos, amenazando a los trabajadores que tienen los francos disponibles para que vayan a trabajar, con la amenaza de sacarles las vacaciones», respondieron desde URGARA. Y dejaron en claro que, si al cabo de los 15 días la cámara no recompone el salario, el paro volverá a estar sobre la mesa.

El conflicto expone la fragilidad de la cadena logística agroexportadora en uno de los principales nodos portuarios del país. Bahía Blanca es estratégica para la salida de granos y subproductos, y cualquier demora en la recepción de camiones se traslada rápidamente a productores, acopios y exportadores. Mientras la autoridad laboral deberá resolver si la negativa a realizar horas extra constituye una decisión individual amparada por la ley o una acción colectiva incompatible con la conciliación, la tensión crece en el puerto y el sector agroexportador mantiene la expectativa de que las partes logren destrabar la negociación salarial.