Desesperación en las fuerzas de seguridad: cinco cuerpos convocaron a marchar al Edificio Centinela para reclamar salarios

El reclamo por la pérdida de poder adquisitivo y la crítica situación de la obra social generó un inédito movimiento interno entre oficiales intermedios del Ejército que evaluaron sumarse a una movilización de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Penitenciarios y Seguridad Aeroportuaria este lunes. Con un Milei ausente y cuestionado, que recién hoy volvió a la Casa Rosada, el Gobierno busca desactivar el conflicto con un incremento que los uniformados consideran insuficiente.

La crisis salarial en las Fuerzas Armadas, uno de los grandes temas pendientes de la gestión libertaria, llegó a un punto crítico. La decisión del gobierno de Javier Milei de poner fin al proceso de jerarquización salarial que había implementado Sergio Massa para equiparar los ingresos militares con los de las fuerzas de seguridad pulverizó el poder adquisitivo de los uniformados. Según un informe interno de las Fuerzas Armadas, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes registraron una suba del 139,03%, muy por debajo del 219,14% que acumuló el Índice de Precios al Consumidor en el mismo período, lo que representa una caída del salario real cercana al 80%.

El malestar se vio agravado por la caótica situación de la obra social, lo que convirtió el escenario en una olla a presión. En ese contexto, empezó a circular por redes sociales la posibilidad de que las Fuerzas Armadas se sumen a una protesta de Fuerzas de Seguridad federales por incremento salarial prevista para hoy. Hubiera sido un hecho inédito, ya que de estas manifestaciones suelen participar efectivos retirados con sus familias, pero no militares activos dadas las consecuencias disciplinarias que pueden enfrentar. Sin embargo, la gravedad de la situación empujó a evaluar una excepción: según fuentes aseguraron a La Política Online, se estuvieron reuniendo grupos de oficiales intermedios, con jerarquías de Mayor y Teniente Coronel, junto con miembros de Gendarmería y Prefectura, para coordinar una acción conjunta y sumar masa crítica para reclamar, sobre todo, sueldos y sanidad.

En paralelo, circuló que el gobierno evalúa ofrecer un aumento de 100.000 pesos en tres cuotas para desactivar el conflicto. «Esto va a depender de la jerarquía, pero un promedio de 100.000 pesos en tres tramos sería poco más de 20 mil en septiembre, 30 mil en octubre que lo cobran en noviembre, y un poco más de 30 mil en diciembre», explicó un militar al tanto de las negociaciones a LPO. Sin embargo, la propuesta no es vista con buenos ojos en las filas castrenses, donde la consideran insuficiente frente a la pérdida acumulada de ingresos. «Tenemos gente manejando Uber», lamentó la misma fuente.

El reclamo se da en un contexto de profunda paradoja para el gobierno: mientras celebra acuerdos de reequipamiento, como la incorporación de 235 blindados Stryker estadounidenses en condiciones excepcionalmente favorables, dentro de las Fuerzas Armadas crece la indignación por la pérdida salarial y la crisis de la obra social. La diputada nacional Agustina Propato (UxP), vicepresidenta de la Comisión de Defensa, advirtió que el atraso salarial ya derivó en un proceso de bajas que alcanza a 19.000 efectivos, y afirmó que el 70% del personal militar y de seguridad percibe ingresos por debajo de la canasta básica alimentaria. «No hay posibilidades de pensar un sistema de defensa si no pensamos en el capital humano, en el recurso más valioso», sostuvo.