El Gobierno porteño avanza con la privatización del reciclado y las cooperativas alertan por la pérdida de hasta 7.000 puestos de trabajo

El conflicto, que enfrenta a las 12 cooperativas de recuperadores urbanos con la administración de Jorge Macri, pone en tensión el modelo de reciclaje con inclusión social que rige en la Ciudad desde hace más de 20 años, cuando cientos de desocupados tras la crisis de 2001 se inventaron un trabajo en el reciclado. Se advierte que la privatización del servicio podría dejar en la calle a miles de trabajadores.

La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de licitar la recolección de residuos secos, abriendo el servicio a empresas privadas, desató una fuerte reacción de las cooperativas de recuperadores urbanos. Según explicó la periodista Sol Clemente en diálogo con Perfil, «si pasa a manos privadas se van a perder entre 6.500 y 7.000 puestos de trabajo». La marcha de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores volvió a poner en el centro de la escena una discusión que tiene raíces históricas y legales.

Actualmente, el reciclado porteño está organizado a través de 12 cooperativas que cuentan con un ingreso compuesto por una suma fija aportada por el Gobierno, que en 2025 era de $390.000, incluidos los viáticos, y otra variable vinculada a la comercialización de los materiales recolectados. La situación económica del sector se ha deteriorado aún más por la caída del precio de los materiales reciclables: «El precio del cartón estaba antes de 300 pesos el kilo, bajó a 100», señaló Clemente, quien puso como ejemplo que una recuperadora obtuvo el año pasado apenas $31.000 por 450 kilos de cartón recuperado.

Desde las cooperativas sostienen que no pueden competir en igualdad de condiciones con una empresa privada, que contaría con maquinaria y tecnología de la que carecen porque «todo lo hacen muy a mano», según explicó la periodista. El reclamo se apoya en un marco regulatorio que reconoce la actividad desde la crisis de 2001: la Ley 992, de 2002, incorporó a los recuperadores urbanos en el servicio de higiene urbana, mientras que la Ley 1854, conocida como Basura Cero, estableció en 2006 un esquema de gestión integral de residuos con prioridad para el reciclado y metas de reducción progresiva. Para los trabajadores, el modelo de «reciclaje con inclusión social» que convirtió a la Ciudad en pionera en América Latina está en riesgo.

El Gobierno porteño argumenta que el cambio busca modernizar el sistema mediante tecnología y mejorar la eficiencia de la recolección. Sin embargo, las cooperativas cuestionan ese discurso y señalan que, pese a los años de experiencia, han sufrido desinversiones que profundizan su desventaja: en 2024 se quemó una de las plantas donde trabajaban y nunca fue reparada, según denunció Clemente. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad ya había advertido en 2020 sobre el riesgo de afectación a los derechos de los recuperadores y las críticas se multiplicaron por la falta de participación en la toma de decisiones.

Mientras el Gobierno insiste en que la incorporación de privados permitirá sumar tecnología y eficiencia, las cooperativas advierten que está en juego la continuidad de miles de puestos de trabajo y de un modelo de reciclado que lleva más de dos décadas de desarrollo. El reclamo de los trabajadores, que exigen «trabajo digno, salarios acordes y respeto», se enmarca además en un contexto de caída del reciclado en la Ciudad, donde las metas establecidas por la Ley Basura Cero no solo no se cumplieron, sino que el porcentaje de recuperación de residuos viene decreciendo.