Las cooperativas eléctricas bonaerenses advierten por la crisis del sector y las deudas con Cammesa: «Los ingresos dejaron de ser suficientes»

La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) se reunió con el IPAC y alertó que casi la totalidad de las entidades acumuló deudas por compra de energía. También denunciaron que la Nación no habría destinado unos $84.000 millones al sector provenientes del impuesto cooperativo.

La Federación Interregional de Cooperativas Eléctricas de Buenos Aires (FICE) advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el sector y mantuvo una reunión con el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, para buscar alternativas de solución. El presidente de FICE, Roberto Otero, explicó que las dificultades para afrontar las deudas con Cammesa, sostener inversiones y actualizar los mecanismos tarifarios se arrastran desde hace años y amenazan la sustentabilidad de las cooperativas eléctricas en toda la provincia.

Otero recordó que el congelamiento tarifario iniciado a fines de 2019 dejó a las entidades en una situación límite: «Los ingresos dejaron de ser suficientes para cubrir esos costos que aumentaban». Frente a ese escenario, las cooperativas se vieron forzadas a elegir entre incumplir obligaciones laborales o tributarias, o dejar de pagar las facturas de compra de energía a Cammesa —en el caso de las cooperativas agentes del Mercado Eléctrico Mayorista— o a la distribuidora que les proveía electricidad. Según el FICE, «casi la totalidad de las cooperativas optaron por acumular deudas por compra de energía», lo que afectó seriamente sus pasivos.

Este problema fue parcialmente reconocido por las autoridades nacionales y provinciales, que implementaron mecanismos de regularización y reajustes tarifarios de transición a partir de 2022. Sin embargo, Otero advirtió que persisten dos problemas sin solución definitiva: por un lado, el flujo de repago del stock de deuda regularizado, cuyo reconocimiento tarifario depende de la realidad económica de cada cooperativa; por el otro, las inversiones en redes que quedaron en suspenso durante el congelamiento, lo que afectó la calidad del servicio, especialmente en zonas rurales aisladas.

Durante el encuentro con el IPAC, se conversaron diversas alternativas dentro del ámbito de competencia del instituto, pero también se abordó una denuncia de fondo. Otero señaló «la falta de distribución a las provincias de los fondos nacionales provenientes del impuesto al capital de las cooperativas» establecido por la ley 23.427. En ese punto, el titular de FICE fue contundente: la Nación «no habría aplicado a la promoción alrededor de $84.000 millones de pesos de los fondos aportados por el sector a través del impuesto», un monto que, de haber sido correctamente destinado, podría haber aliviado la crisis estructural que atraviesan las cooperativas eléctricas bonaerenses.

Por último, desde FICE manifestaron su «preocupación crítica» por el vencimiento, en agosto de 2027, de la ley 23.427, que crea el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Advirtieron que su prórroga requerirá un fuerte trabajo legislativo y el apoyo de los gobernadores, sin el cual el sector podría perder una herramienta clave para su desarrollo. La reunión con el IPAC dejó en claro que, más allá de los reajustes tarifarios de los últimos años, las cooperativas eléctricas siguen navegando en aguas turbulentas, con deudas acumuladas, inversiones postergadas y un Estado nacional que, según denuncian, les adeuda miles de millones de pesos.