ATE rechaza la reforma del empleo público que propone el Gobierno: “Debemos ponernos en alerta máxima porque buscan perjudicar a los estatales”

“Nuestro problema no es el convenio colectivo, sino la industria del incumplimiento por parte del Gobierno. Tiene que quedar claro que no nos oponemos a discutir modificaciones en el empleo público si las mismas son para mejorar las condiciones laborales actuales. Lo que no vamos a aceptar es ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”, indicó Rodolfo Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechaza la reforma del empleo público que impulsa el Gobierno de Javier Milei mediante la cual pretende modificar la estructura salarial, los ingresos al Estado, las evaluaciones por desempeño, las condiciones para ascender y la movilidad entre áreas, entre otros puntos.

“Debemos ponernos en máxima alerta porque teniendo en cuenta la reforma laboral, el objetivo de la negociación no puede ser otro que perjudicar a los trabajadores estatales. No vamos a aceptar ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

En referencia al convenio colectivo de trabajo 214/06 que engloba a la administración pública nacional y otros organismos del Estado, apuntó: “Hay que tener en cuenta que el convenio colectivo fue firmado y homologado en el año 2006, es decir que no es de esos convenios antiguos que tanto critica el Gobierno. Además, tiene una particularidad que logró un gran consenso porque fue firmado, además de por la parte empleadora, por dos sindicatos que han estado opuestos políticamente a lo largo de la historia, como son ATE y UPCN”.

En este marco, explicó: “Tiene que quedar claro que no nos oponemos a discutir modificaciones en el empleo público si las mismas son para mejorar las condiciones laborales actuales”.

“Por ejemplo, no podemos seguir teniendo en el Estado trabajadores contratados o que los salarios sean de hambre. Si se plantea una renegociación del convenio colectivo para regularizar a los trabajadores precarizados y para proponer salarios dignos, nos sentamos ya”, agregó Rodolfo Aguiar.

Y detalló: “Actualmente el periodo de prueba es de 12 meses y las promociones y los ascensos tardan entre dos y tres años. Si es para bajar el periodo de prueba a tres meses y para generar un mayor dinamismo en las promociones, también avanzaríamos en el diálogo”.

“Hace dos años instrumentaron un examen que ya aprobó el 98%. ¿En serio siguen insistiendo con ese tema?”, aseveró Aguiar.

“Además, la estabilidad, el derecho al ingreso, las evaluaciones y los concursos ya existen. Lo que ocurre es que el Estado no cumple con nada de eso. Acá el problema que enfrentamos en la administración pública no es el convenio colectivo, es la industria del incumplimiento por parte del Gobierno”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Esta modificación es impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, siendo él quien en diciembre de 2024 impulsó los exámenes de idoneidad para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, resultando en una aprobación superior al 98%.

Algunas de las modificaciones que pretende impulsar el Gobierno nacional incluyen la modificación del desarrollo de la carrera y la remuneración de los trabajadores según el rendimiento individual. Además, busca facilitar el traslado de trabajadores entre distintas áreas de la Administración Pública.

Cabe recordar que la legislación actual (Ley 25.164) ya establece que el ingreso debe realizarse mediante mecanismos de selección que acrediten idoneidad y que la carrera debe incorporar criterios de mérito, eficiencia, eficacia, rendimiento y capacitación.

Si bien la intención del Gobierno es realizar estas modificaciones por vía administrativa, cualquier modificación del convenio debe hacerse con el consentimiento de las partes; y si se pretende alterar la ley marco de empleo público deberá pasar obligatoriamente por el Congreso.