En el cierre del 127º Consejo Federal del Trabajo, Buenos Aires junto a otras provincias firmaron un documento conjunto en el que reiteraron el pedido por el respeto a las autonomías provinciales y exigieron sesiones presenciales periódicas del organismo.
Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tierra del Fuego suscribieron una declaración conjunta en el marco del cierre del 127º Consejo Federal del Trabajo (CFT), en la que reclamaron al Gobierno nacional el “respeto pleno al sistema Federal y autonomías provinciales”. El encuentro se realizó de forma híbrida, con reuniones virtuales en comisiones y un cierre presencial en la Ciudad de Buenos Aires, pero las provincias cuestionaron que la convocatoria “no puede limitarse a un acto protocolar”.
El documento fue presentado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto a sus pares de las demás jurisdicciones, y advierte que “la intromisión de la Ley Nº27.802 sobre facultades de policía laboral no delegadas y el vaciamiento sostenido del Consejo Federal del Trabajo son dos caras de un mismo fenómeno: el debilitamiento deliberado de la administración del trabajo en la Argentina”, una situación que ya fue denunciada formalmente ante la Organización Internacional del Trabajo.
En ese marco, las provincias firmantes reiteraron el reclamo para que el Gobierno nacional cumpla con lo establecido en la Ley Nº25.212, que exige que el CFT y sus comisiones funcionen de manera presencial y con la periodicidad establecida. Asimismo, solicitaron con carácter urgente que se garantice el funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito efectivos a nivel nacional, regional y sectorial, asegurando que toda reforma laboral se realice con consultas sustantivas a las organizaciones más representativas.
También requirieron que se realice una evaluación exhaustiva del sistema de inspección del trabajo en todo el territorio nacional, incluyendo el número de inspectores, su distribución territorial y los recursos disponibles, y que se fortalezca la coordinación entre las autoridades nacionales y provinciales en materia de administración e inspección del trabajo. Con estas demandas, las provincias reiteraron enfáticamente que “se respeten las jurisdicciones y autonomías provinciales originarias de nuestro sistema Representativo, Republicano y Federal”.




