(Por Pablo Maradei) Esta semana un dirigente opositor de Mar del Plata recibió una golpiza; un juez de Cámara acusado de parcial por la oposición se apartó de su tribunal dejando un manto de sospecha por, según denuncian, haber interpretado mal el Estatuto del sindicato. El SOMU en un momento delicado.
Desde diciembre, mes en el que se llevaron adelante las elecciones, el SOMU está a la deriva. Las peleas intestinas sumadas a la enmarañada causa judicial que debe resolver si fueron válidas las elecciones está dejando daños colaterales: escala la violencia la interna y el fantasma de un camino similar al de la UOM que derivó en una intervención.
Miguel Montaño, un dirigente marplatense que había votado el año pasado en el Congreso que había elegido las autoridades de la Junta Electoral, fue molido a golpes esta semana. Y amenazaron a su familia. Este fue el fin de un espiral en el que entró porque lo dejaron sin trabajo (el SOMU tiene una bolsa de empleo en la que se basan las empresas para embarcar a los afiliados) desde aquella elección de miembros de la Junta. Esta semana y luego de seis meses sin trabajar había sido convocado a prestar servicio y fue una emboscada.

Y otra dirigente de San Fernando, en este caso Ingrid Monge, había sido golpeada durante la apertura del proceso electoral (que fue suspendido a las horas) recién este mes fue aceptada por la Justicia como «particular damnificada». A la par de que «el dirigente nacional Hernán de Corte fue imputado por el hecho», dijeron fuentes con acceso al expediente.
Hablando de la Justicia, el tema judicial no es menor por el juez de Cámara Alejandro H. Perugini, integrante de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se apartó de la causa “San Miguel, Cristian (NdR: es el apoderado de la lista opositora) y otro c/ Sindicato de Obreros Marítimos Unidos —SOMU— y otro s/ Ley de Asociaciones Sindicales” acusado de parcialidad.
El planteo de parcialidad fue por las sucesivas prórrogas otorgadas al Consejo Directivo en cabeza de Raúl Durdos. Lo más gravoso es que la última prórroga fue “hasta tanto se dicte sentencia definitiva” por la cuestión de fondo (si son válidas las elecciones o no), sin plazo cierto y con efecto retroactivo.
Desde esta semana, la Sala III de la Cámara del Trabajo quedó conformada por Diana Cañal, Manuel Díez Selva y Héctor Guisado.




