El municipio de Concordia suma casi 400 desvinculaciones desde el inicio de la gestión de Francisco Azcué (Juntos). ATE denuncia que los cesanteos se realizan sin notificación previa y a través de mensajes de WhatsApp.

La ciudad de Concordia dejó en la calle a casi 400 trabajadores municipales desde el comienzo de la actual gestión encabezada por el intendente Francisco Azcué, de Juntos por Entre Ríos. La denuncia fue formalizada este martes por la concejala del PJ Claudia Villalba y el secretario de Organización de ATE Concordia, Cristian Selva, quienes advierten sobre un plan sistemático de despidos que se ejecuta sin previo aviso y con métodos que califican como «inhumanos» .

Según detalló Villalba, los despidos comenzaron con un goteo que se intensificó de manera alarmante en diciembre de 2025, cuando 140 trabajadores fueron desvinculados. En las últimas horas, se sumaron un centenar de nuevos cesanteados, lo que elevó la cifra total a los casi 400 mencionados.

El listado de áreas afectadas incluye servicios esenciales como Obras Públicas, Salud, Tránsito, Seguridad Ciudadana, la Terminal de Ómnibus, el Ente Costanera, los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Turismo . Esta dispersión de los despidos, según los denunciantes, evidencia que no se trata de una reestructuración focalizada sino de un ajuste generalizado.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia gira en torno al método utilizado para comunicar las cesantías. Selva afirmó que no hubo notificaciones escritas ni formales. «Los empleados se enteraron mediante mensajes de WhatsApp que les enviaron ayer o esta mañana cuando fueron a marcar: se encontraron que no podían accionar la máquina», relató a Diario Junio. También hubo notificaciones verbales de parte de los encargados con un lacónico: «No vengas más».

«Es una forma inhumana de notificarlos, esperando hasta el último día para avisarles o encontrarse simplemente con que no pueden marcar», enfatizó Villalba, quien adelantó que llevará el tema a la sesión del Concejo Municipal de este miércoles.

Más allá de las cifras, Selva puso el foco en la situación desesperante que atraviesan los trabajadores despedidos. «Hay compañeros que tienen nueve años, hay otros que tienen ocho años de antigüedad», precisó, destacando que muchos son sostén de familia. La realidad económica que enfrentan es aún más dura si se considera que percibían sueldos que rondan los $700.000, una cifra que se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

«Son mujeres con dos o tres hijos, que los tienen que mandar a la escuela, que tienen que alquilar y tienen que vivir. Pero, de repente, fueron a trabajar y les informaron que hoy no se tienen que presentar», describió la concejal.

Desde el medio, señalaron también el mutismo de los sindicatos municipales STEMC y UOEMC. A diferencia de lo ocurrido en enero, cuando se resolvió realizar una manifestación y la toma del Corralón Municipal, esta vez no hubo pronunciamiento ni siquiera a través de las redes sociales. Selva expresó su extrañeza: «Nadie puede decir que no está enterado». Villalba fue más allá y señaló que desde la intendencia vieron que podían avanzar con los despidos porque observaron que los gremios lo permitían, dejando a los trabajadores esperando promesas de reincorporación que nunca se concretan.

La concejal del PJ cuestionó el discurso de «austeridad» que esgrime el Ejecutivo municipal, señalando una contradicción flagrante entre el ajuste en el personal y el gasto en otras áreas. En ese sentido, apuntó contra la contratación de la empresa VITSA, a la que el municipio le otorgó $250 millones para la recolección de residuos.

«Todos los municipios tienen problemas financieros, pero ninguno despide empleados. Y este municipio no está tan mal», sostuvo Villalba, quien denunció que al mismo tiempo que se despiden personas, se hace un «despilfarro de sumas millonarias» con la contratación de la empresa cordobesa.

La edil puso como ejemplo el Centro de Salud del barrio San Agustín, donde el pediatra que fue a atender se encontró con que no había enfermera para realizar el control de peso y talla. «Está faltando personal en los Centros de Salud», indicó, y agregó que los odontólogos no tienen insumos para realizar arreglos y solo pueden hacer extracciones.

En relación a los CDI, Villalba explicó que el argumento oficial de que el personal no cumplía funciones es falaz, ya que «dejaron de enviar los insumos para cocinar. Si usted tiene un personal que cocina para 70 niños, pero después achica a 20 y, encima, quita el almuerzo y el desayuno, por supuesto que le va a sobrar ese personal».

Ante este escenario, desde ATE presentaron un pedido de audiencia con el intendente Francisco Azcué, que hasta el momento no obtuvo respuesta. Además, anunciaron una reunión con los abogados del gremio para presentar un reclamo por la vía legal. No obstante, Villalba advirtió que la Justicia no habilitó en ningún caso la reincorporación laboral. «Esta gente queda sin trabajo. La opción que les queda es reclamar una indemnización, pero obtienen un mes de sueldo por cada año trabajado a los dos o tres años de presentar la demanda».

La concejal concluyó con un llamado a la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos: «La oposición debe decir algo».