Un trabajador de una planta metalúrgica en La Plata sufrió un paro cardíaco luego de que la enfermería de la empresa permaneciera cerrada y no hubiera ambulancia disponible. La demora en la atención le provocó secuelas neurológicas irreversibles.
La Justicia laboral condenó a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) a pagar una indemnización de $351 millones a un empleado que sufrió un infarto mientras cumplía funciones en una planta metalúrgica de La Plata y no recibió asistencia médica a tiempo. El fallo, que incluye una prestación mensual por gran invalidez, sienta un precedente contundente sobre la responsabilidad de las empresas y aseguradoras ante emergencias de salud en el ámbito laboral.
El episodio ocurrió en noviembre de 2021. César Fernández, el trabajador afectado, comenzó a sentir un intenso dolor en el pecho, mareos y un profundo malestar mientras desempeñaba sus tareas bajo un sistema de turnos rotativos. Al buscar atención dentro de la empresa, se encontró con que la enfermería estaba cerrada y que no había una ambulancia disponible para asistirlo. Ante la urgencia, sus compañeros de trabajo decidieron trasladarlo por sus propios medios a un centro de salud, pero durante el trayecto Fernández sufrió un paro cardíaco que complicó aún más su cuadro clínico.
Como consecuencia de la demora en la atención, el trabajador quedó con cuadriparesia, una condición que afecta severamente la movilidad de sus extremidades y que lo obliga a requerir asistencia permanente para realizar actividades cotidianas. El abogado Matías Martínez, quien representó al damnificado, sostuvo que existieron fallas graves en el protocolo de respuesta ante una situación de emergencia y planteó que una intervención médica más rápida podría haber reducido considerablemente las secuelas.
El Tribunal del Trabajo consideró que el episodio debía encuadrarse como un accidente laboral por ocasión de trabajo. Los jueces entendieron que, si bien la tarea desempeñada no provocó directamente el infarto, las condiciones en las que ocurrió y la ausencia de asistencia adecuada agravaron el desenlace. La sentencia ordenó a la ART abonar $285.980.239 más intereses, elevando la suma total a $351.246.415, además de una prestación mensual por gran invalidez debido al estado de salud permanente del trabajador.
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