El Gobierno nacional emitió una resolución que deja sin trabajadores a la Unidad Turística Embalse, en Córdoba, y al complejo de Chapadmalal, en Buenos Aires. Los 101 empleados de planta permanente de los hoteles pasan a «disponibilidad» por un año, mientras los contratados son despedidos de manera inmediata. El predio cordobés, de más de 300 hectáreas, será concesionado o privatizado. Los gremios anunciaron protestas y una reunión clave con Jefatura de Gabinete.
En el marco del plan de «transformación del Estado» que impulsa el presidente Javier Milei, el gobierno nacional profundizó el desmantelamiento del turismo social. Mediante una resolución oficial, se dispuso el cierre efectivo de los complejos hoteleros estatales de Embalse (Córdoba) y Chapadmalal (Buenos Aires), con el consiguiente despido de todo el personal que aún quedaba en funciones.
La medida alcanza a 101 trabajadores en total, según confirmó Leonardo Ladoux, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Unidad Turística Embalse. De ellos, 45 se desempeñaban en el complejo cordobés del Valle de Calamuchita, que quedará sin un solo empleado.
La resolución oficial establece un trato diferenciado según el tipo de vínculo laboral. Los aproximadamente 30 trabajadores de planta permanente fueron pasados a la figura de «disponibilidad», que implica un plazo de 12 meses para lograr una reubicación dentro de la Administración Pública Nacional. Si vence ese lapso sin una nueva designación, «quedarán automáticamente desvinculados, con derecho a percibir una indemnización conforme lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo».
En cambio, los cerca de 15 empleados contratados que aún quedaban en el complejo fueron despedidos de manera inmediata y sin contemplaciones.
La misma lógica se aplicó al emblemático complejo de Chapadmalal, que también fue vaciado de personal y puesto en la misma condición.
Los dos complejos turísticos fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya no depende de la Secretaría de Turismo de la Nación. Desde esa agencia se confirmó que los predios serán puestos «a la venta o concesión» para que inversores privados definan su futuro.
En el caso de Embalse, se trata de un extenso predio de más de 300 hectáreas junto al mayor lago de Córdoba, inaugurado en la década del 50 como parte de la política de turismo social del Estado argentino. «Es la primera vez desde la apertura de los hoteles que se despide a todo su personal», lamentó David Salto, secretario general de ATE de Río Tercero y zona.
El gremio ATE no tardó en reaccionar. Este sábado, los trabajadores cesanteados y sus familiares realizarán una protesta en el puente del dique de Embalse, sobre el vertedero, un punto neurálgico del tránsito en la ruta 5. Allí cortarán media calzada entre las 9 y las 13, en una medida que anticipa un conflicto creciente.
Pero antes de esa manifestación, el miércoles próximo los representantes gremiales mantendrán una reunión clave con funcionarios de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. El objetivo es intentar modificar o al menos revisar la decisión gubernamental, aunque las fuentes sindicales se mostraron escépticas. «Nos dijeron que la decisión ya está tomada y que no hay marcha atrás», confió un delegado a La Voz.
El cierre definitivo de la Unidad Turística Embalse no fue repentino. En noviembre de 2024, el complejo ya había sufrido 20 despidos, y desde entonces otros empleados fueron perdiendo su trabajo de manera gradual. Con esta última resolución, el gobierno completa el vaciamiento total del personal, dejando el predio en manos de la AABE para su futura transferencia al sector privado.
La medida se inscribe en la política más amplia del gobierno de Milei de eliminar o reducir al mínimo las áreas vinculadas al turismo social, consideradas por el oficialismo como parte de un «Estado sobredimensionado e ineficiente». Los críticos, en cambio, hablan de «destrucción de fuentes de trabajo públicas sin planes de reconversión» y de «privatización encubierta del patrimonio estatal».
El conflicto promete escalar en los próximos días, mientras los 101 trabajadores despedidos o en disponibilidad aguardan una definición que, por ahora, parece inexorable.
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