(Por Eduardo Porto @periferiacts) – Un informe del CEPA registró que en abril 2026 solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza. Hay salarios docentes que ya están en la indigencia.
Un nuevo informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró que casi el 85% de los docentes universitarios percibe salarios que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y apenas dos categorías eluden la línea de la indigencia.
Algo similar ocurre con los trabajadores NODOCENTES de las universidades nacionales que tienen apenas dos categorías salariales que no caen en la línea de la pobreza medida por la canasta básica alimentaria.
Según el CEPA, que conduce el economista Hernán Letcher, desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026 el salario real docente y no docente cayó 34,2%. La mayor caída ocurrió entre diciembre 2023 y julio 2024 (-23,1%). En 2025 volvió a caer 10,1%, acumulando una pérdida de 32,1% en diciembre de dicho año.
Pobreza e indigencia para universitarios, el proyecto de desarrollo libertario
El dato más sorprendente es que, en abril 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los no docentes niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza (CBT para Hogar Tipo 2), siendo que el resto de los trabajadores no docentes perciben salarios por debajo de la línea de pobreza.
A su vez, considerando la CBA, únicamente los docentes titulares y asociados semi-exclusivos superan la línea de indigencia, siendo que el resto de los cargos docentes, incluidos todos los de dedicación simple, se ubican por debajo.
Los registros publicados por la consultora económica muestran el deterioro que atraviesa el sector universitario y el sector de ciencia y tecnología en la era Javier Milei y da fundamento en números a la masiva movilización universitaria de hoy, martes 12 de mayo.
Incumplimiento de la ley de financiamiento universitario
El informe detecta las consecuencias salariales del incumplimiento de la ley vigente de financiamiento universitario de parte del gobierno nacional y registra la importancia que tiene para el proyecto libertario la producción de conocimiento científico y el sostenimiento de las universidades públicas.
La ley 27.795 de financiamiento universitario fue sancionada por el Congreso el 21/08/2025, vetada el 10/09 y ratificada por el Congreso el 02/10. El 21/10 el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025 por supuesta falta de financiamiento, pese a que la propia ley habilitaba realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El 23/12/2025 la Justicia ordenó aplicarla y, para evitar su implementación, el 18/02/2026 el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificarla.
El ajuste al presupuesto universitario
Por su parte, el informe registra el ajuste real de 32,5% entre 2023 y 2025 y 41,6% respecto de 2023 considerando el presupuesto vigente de 2026. «Con la Ley insistida habría crecido 33,8% frente a 2025 y lo habría dejado 1,9% sobre el nivel de 2023. En cambio, el Proyecto del Gobierno implicaría caídas de 13,1% respecto de 2025 y 33,9% frente a 2023, dejando un presupuesto 35,1% menor al de la Ley insistida», sostiene el CEPA.
La ley vigente de financiamiento universitario proponía recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre 2023 y octubre 2025, aumentando al menos 44%, que habría dejado los salarios de noviembre 2025 apenas 1,3% por debajo de noviembre 2023.
En cambio, el proyecto del gobierno propone una recomposición del 12,3% en tres aumentos trimestrales no acumulativos de 4,1%, insuficiente frente a la inflación proyectada en el año (23,6% hasta septiembre 2026). De este modo, el incremento ignora el ajuste realizado en 2024 y se diluye con la inflación de 2026, lo que significa una nueva caída del salario real de alrededor de 1,5 puntos porcentuales hacia septiembre de 2026.
Por último, el CEPA apunta que el salario histórico un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP semi-exclusivo sin antigüedad) pasó de $1.187.482 (noviembre 2015) a $584.413 (abril 2026) en pesos de septiembre 2026, una caída real de 50,8%.
«Con la Ley insistida, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $888.794 (-25,2%). En cambio, con el Proyecto del Gobierno, el salario proyectado para septiembre 2026 sería de $547.748, profundizando la pérdida de poder adquisitivo hasta el 53,9% respecto de noviembre 2015», cierra el informe.
El informe completo del Centro CEPA:
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