Con un nuevo fallo, la Justicia obliga a que el Gobierno cumpla la ley vigente de financiamiento universitario para recomponer salarios y presupuesto

(Por Eduardo Porto @periferiacts) Lo determinó el juez Marcelo Rebequi, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 11 en respuesta a la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Revés de la Justicia al Gobierno en medio del conflicto con las universidades que reclaman por salarios y presupuesto.

En el día de hoy, la Justicia confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo Nacional cumplir con la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario, restituyendo su plena vigencia, al avalar el recurso que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Se trata de la estrategia judicial que las universidades nacionales impulsan y que en medio del conflicto con el gobierno, les da un aval más a su reclamo por la recomposición salarial y presupuestaria.

«Mediante resolución del 23/12/2025, el señor juez titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 admitió la medida cautelar solicitada por la parte actora, y declaró inaplicable, respecto a la ley 27.795, lo dispuesto en el decreto 795/23 en cuanto dispone —al promulgar la ley 27.795— que “…por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la ley 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. CONGRESO DE LA NACION, determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones«, apunta el documento del juzgado federal 11 de Primera Instancia.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Capital Federal está a cargo del Dr. Julio Marcelo Rebequi.

Aval judicial al reclamo de las universidades

La resolución judicial hace lugar a la cautelar y dispone, con efectos inmediatos, que el Estado Nacional garantice la aplicación de la ley, suspendiendo cualquier omisión o incumplimiento que afecte su ejecución. En ese sentido, se reafirma la obligación del Gobierno de asegurar los recursos presupuestarios previstos para el funcionamiento del sistema universitario público.

Asimismo, el fallo establece la necesidad de preservar el financiamiento adecuado de las universidades nacionales, evitando la generación de perjuicios irreparables mientras se sustancia la cuestión de fondo. La decisión tiene alcance sobre el conjunto del sistema, reconociendo el carácter colectivo del derecho involucrado.

Los sindicatos celebran el fallo

El Secretario General del Sindicato de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (FEDUBA), Pablo Perazzi, señaló: “Este fallo es claro: el Gobierno no puede incumplir una ley vigente. La Justicia le ordena garantizar el financiamiento universitario y poner fin a una política de ajuste que pone en riesgo el funcionamiento de nuestras universidades”.

Por su parte, Federico Montero, profesor de la UBA y dirigente nacional de CONADU, afirmó: “La cautelar restituye un principio básico del Estado de Derecho: las leyes deben cumplirse. La Ley de Financiamiento Universitario es una herramienta fundamental para sostener la educación pública, la ciencia y el trabajo docente en todo el país”.

Desde FEDUBA destacaron que esta decisión judicial constituye un paso fundamental para resguardar el sistema universitario público y reafirma la obligación del Estado de garantizar su sostenimiento conforme a lo establecido por el Congreso de la Nación.