La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó por unanimidad la orden de desalojo de la planta de FATE y consideró que el caso debe tratarse como un conflicto laboral y no penal. El fallo, que fue celebrado por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino y la Confederación General del Trabajo, respalda la permanencia de los trabajadores mientras continúan las negociaciones por salarios y puestos de trabajo.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó por unanimidad la orden de desalojo de los trabajadores del predio de la empresa FATE, en un fallo que representa un fuerte revés judicial para la compañía en medio del conflicto laboral que mantiene con el personal de la planta.
La medida deja sin efecto el lanzamiento dispuesto el 18 de febrero por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, luego de que el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, Alejandro Crespo, apelara la decisión judicial al sostener que el conflicto debía encuadrarse en el ámbito laboral y no en el penal.
En su resolución, los camaristas consideraron que la situación se enmarca en un conflicto laboral vinculado a la defensa de los puestos de trabajo y remarcaron que la huelga constituye una herramienta legítima reconocida por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Según el fallo, los operarios decidieron ingresar a la planta como una medida de acción directa frente a la pérdida de empleo que podría afectar a entre 900 y 1.000 trabajadores.
Los jueces también señalaron que ordenar el desalojo mientras continúan las instancias de conciliación y negociación resultaría una decisión prematura. En ese sentido, advirtieron que expulsar a los trabajadores del predio podría generar un “gravamen irreparable” sobre un derecho constitucional, en referencia al derecho al trabajo y a la organización sindical.
El fallo fue destacado por la CGT, que en un mensaje difundido en redes sociales remarcó que la resolución judicial reconoce el carácter laboral del conflicto y respaldó las acciones de los trabajadores en defensa de sus puestos. La central obrera, además, continúa reclamando ante la Secretaría de Trabajo el pago de los salarios correspondientes a la última quincena de febrero.
En paralelo al frente judicial, el SUTNA impulsa una iniciativa legislativa para garantizar la continuidad productiva de la planta. El gremio propuso a los bloques de la Legislatura bonaerense un proyecto de ley que declare de utilidad pública la producción de neumáticos para camiones y colectivos y permita una ocupación temporaria del establecimiento, con el objetivo de evitar el cierre de la única fábrica del país dedicada a ese segmento.
Desde el sindicato sostienen que la continuidad de la actividad resulta estratégica para el sistema de transporte y para la economía nacional. Mientras continúan las negociaciones laborales y administrativas, el fallo de la Cámara representa un respaldo clave para la posición de los trabajadores en un conflicto que podría tener impacto sobre miles de puestos de trabajo directos e indirectos.
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