La empresa Lácteos Verónica paralizó de manera unilateral la producción en sus plantas de Santa Fe, incumplió un acuerdo salarial y mantiene sueldos impagos desde octubre. Ante el lock out patronal y una crisis financiera profunda, los trabajadores resolvieron ocupar los establecimientos para defender unos 700 puestos de trabajo.
Los trabajadores de Lácteos Verónica resolvieron ocupar las tres plantas que la empresa posee en la provincia de Santa Fe en respuesta al cierre unilateral de los establecimientos, una medida que califican como un lock out patronal ilegal. La decisión empresaria se da en un contexto de profunda crisis financiera, salarios impagos desde octubre y un creciente endeudamiento con proveedores y tambos.
La compañía, fundada en 1923 y propiedad de la familia Espiñeira, paralizó esta semana la producción en sus plantas ubicadas en Suardi, Lehman y Totoras, poniendo en riesgo directo los puestos de trabajo de unos 700 operarios. La medida fue adoptada luego de que la firma incumpliera un acuerdo salarial firmado con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y tras el fracaso de un pedido de Proceso Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.
El acuerdo alcanzado semanas atrás contemplaba el pago de los salarios adeudados mediante un desembolso de un millón de pesos semanales por trabajador hasta saldar la deuda acumulada. Sin embargo, la empresa dejó de cumplir con esos pagos y anunció de manera unilateral el cierre de las plantas, lo que precipitó la reacción de los trabajadores, que resolvieron ocupar los establecimientos para defender sus fuentes laborales.
La paralización de la actividad también está vinculada a la imposibilidad de acceder a insumos básicos. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) difundidos por el medio Motor Económico, Lácteos Verónica acumula cheques rechazados por más de $10.900 millones, lo que evidencia una grave ruptura de la cadena de pagos. A esto se suma una deuda estimada en 60 millones de dólares con unos 150 tambos proveedores, situación que agravó el desabastecimiento de materia prima.
La crisis alcanza incluso a los propios tambos pertenecientes a los dueños de la empresa, que comenzaron a redirigir su producción de leche hacia otras firmas, un dato que distintos sectores interpretan como una estrategia deliberada de vaciamiento.
A mediados de 2025, la empresa había solicitado formalmente el Proceso Preventivo de Crisis, reclamando la reducción de 210 puestos de trabajo con media indemnización, el pago en cuotas, una rebaja salarial cercana al 40%, el desconocimiento del convenio colectivo y la potestad empresarial de imponer suspensiones de manera unilateral.
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