La empresa estatal Caminos de las Sierras denunció a los gremios estatales por la protesta que se realizó este lunes en la Red de Accesos a la Capital, en el peaje Córdoba-Carlos Paz. La protesta fue contra la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, recientemente aprobada por la Legislatura, que, denuncian, profundiza el ajuste sobre trabajadores activos y jubilados. Los manifestantes remarcaron también que se trató de una protesta pacífica y sin interrupción total del tránsito.
La empresa estatal Caminos de las Sierras S.A. presentó una denuncia penal contra distintos gremios por la obstrucción de la circulación vehicular durante una protesta realizada este lunes en una estación de peaje de la Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba (RAC).
Caminos de las Sierras es la empresa estatal concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba (RAC), responsable del mantenimiento y operación de las rutas clave que conectan la ciudad de Córdoba con el resto de la provincia.
Según la presentación judicial, el hecho ocurrió este lunes 12 de enero, entre las 10 y las 11.30, cuando una manifestación de entre 350 y 400 personas bloqueó carriles en sentido Córdoba–Villa Carlos Paz.
Desde la concesionaria indicaron que la protesta se desarrolló en un sector de desaceleración y detención, lo que incrementó de manera significativa el riesgo de siniestros viales. Según detallaron, la situación afectó tanto a los usuarios de la ruta como al personal que presta servicios en la estación de peaje.
De acuerdo con lo expuesto por la empresa, voceros sindicales habrían señalado públicamente que se trató de una “acción sorpresiva”. También indicaron que existía la posibilidad de que la modalidad se repita en los próximos días en otras estaciones o sectores de la RAC.
La protesta tuvo como eje el rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria N.º 11.087, recientemente aprobada por la Legislatura, que, denuncian, profundiza el ajuste sobre trabajadores activos y jubilados.
Desde los sindicatos cuestionaron duramente la ley previsional, al considerar que incrementa el porcentaje de aportes, modifica el cálculo de los haberes jubilatorios y traslada el peso del ajuste exclusivamente a los trabajadores. “Rechazamos esta ley porque aumenta los aportes tanto a los trabajadores activos como a los jubilados y cambia el cálculo del haber jubilatorio, lo que tendrá un impacto negativo a largo plazo”, señaló Roberto Cristalli, secretario general de la UEPC, quien remarcó que se trató de una protesta pacífica y sin interrupción total del tránsito.
En la misma línea, Lucía Bonafé, secretaria de Organización de la AGEPJ, cuestionó la denominación de la norma y afirmó que “lejos de ser distributiva o equitativa, interviene directamente sobre el bolsillo de los trabajadores para resolver el aparente déficit de la Caja”. Además, reclamó mayor transparencia en las cuentas previsionales y la apertura de una mesa de diálogo con el Ejecutivo provincial.
Los gremios también exigieron que el Gobierno nacional envíe los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y advirtieron que el actual déficit no puede resolverse con medidas regresivas, sino con políticas estructurales, como la generación de empleo formal que amplíe la base de aportantes.
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