
La empresa de lácteos Verónica presentó un proceso preventivo de crisis que contempla despidos masivos, congelamiento salarial y recorte de derechos laborales. El diputado Carlos del Frade exige al Gobierno de Santa Fe que exprese su postura frente a estos hechos que pueden dejar en la calle a 210 santafesinos.
El conflicto laboral en Lácteos Verónica, una de las principales industrias del sector en la provincia de Santa Fe, ha escalado en las últimas semanas tras la presentación de un proceso preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. En ese marco, la patronal ha propuesto una batería de medidas que recortan de forma drástica derechos laborales fundamentales, según denunció el diputado provincial Carlos del Frade.
Entre las condiciones presentadas por la empresa, que opera en las localidades santafesinas de Totoras, Lehmann y Suardi, se destaca la intención de despedir a 210 trabajadores, todos domiciliados en la provincia, y abonando solo el 50% de las indemnizaciones, en seis cuotas. Además, Verónica solicita dejar sin efecto el convenio colectivo del sector, lo que implicaría una reducción salarial del 40% para el personal activo.

En su proyecto de comunicación elevado a la Cámara de Diputados provincial, Del Frade pidió que el Poder Ejecutivo de Santa Fe, a través de su Ministerio de Trabajo, exprese públicamente su posición ante lo que calificó como una serie de «imposiciones patronales» que atentan contra derechos laborales, sociales e incluso constitucionales.
“Este pliego de condiciones es un adelanto de una política de disciplinamiento laboral para el presente y el futuro, y una especie de pauta de comportamiento para otras empresas no solamente de Santa Fe”, advirtió el legislador.
La crítica situación de los trabajadores se ve agravada por el hecho de que el sueldo del mes de junio fue abonado en apenas un 6%, dividido en dos cuotas, y por maniobras empresariales que, según Del Frade, buscan vaciar progresivamente la firma, derivando la leche comprada a otras compañías.
Asimismo, se denuncian pedidos de la empresa para suspender personal sin límites ni criterios objetivos y congelar los aumentos salariales durante un año, violando así acuerdos vigentes con los trabajadores.
Frente a este escenario, el legislador del Frente Amplio por la Soberanía solicitó a sus colegas que acompañen el reclamo y exhortó a las autoridades provinciales a tomar cartas en el asunto, ya que más de 700 familias podrían verse afectadas directamente por este plan de ajuste.