La CTA denunció persecución política e intento de intimidar a la clase trabajadora: «El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas»
A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno nacional intimó a la CTA Autónoma junto a otras organizaciones y movimientos sociales al pago de multas que ascienden a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente. La central no demoró en responder.
"Estas penas (supuestos "pagos solidarios"), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta" expresaron desde la central encabezada por Hugo "Cachorro" Godoy.
La CTA Autónoma advirtió que ya realizó las p...