Volvieron a subir los juicios laborales y crece el debate sobre su impacto en el mundo del trabajo

Un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (UART), publicado en los últimos días, reavivó el debate sobre los juicios laborales, su intencionalidad y su rol en la creación de nuevos puestos de trabajo registrados. En base a los datos proporcionados por las 16 compañías más importantes del sector, que representan el 97% del mercado, la entidad explicó que las notificaciones de nuevas demandas contra las ART subieron de 54.914 en los primeros seis meses de 2016 a 66.861 casos en el mismo período de 2017. Las cifras implican un incremento del 22% interanual.

Fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por InfoGremiales señalaron como puntal del fenómeno a la industria del juicio que está instalada en el mercado laboral. “La industria del juicio está comprobado que existe. Además está comprobado que hay abogados que presentan hasta 600 causas por año, lo cual sería imposible sin un comportamiento industrial”, sostuvieron.

La interpretación oficial de lo que sucede cuestiona fuertemente el rol de los abogados laborales y despertó reacciones de sus organizaciones. María Paula Lozano, secretaria General de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), negó las acusaciones oficiales: “Nosotros decimos que es falso que haya una industria del juicio, que lo que existe es una industria del incumplimiento”. La letrada le recordó que en Argentina hay un tercio de trabajadores no registrados y una porción muy importante con irregularidades en su registración. “Lo que están encubriendo con la idea de la industria del juicio es que lo que realimente existe son un montón de incumplimientos en materia laboral”. Según Lozano “el acceso a la justicia es el último recurso para las personas que trabajan”.

Otro referente de los abogados laboralistas, Leandro Macías, integrante de la Corriente 7 de julio, sostuvo que “las estadísticas, tanto las que refieren a accidentes de trabajo como a empleo no registrado, dan cuenta de que la tasa de juicios respecto de la tasa de incumplimientos o daños es realmente muy baja”. Y fue un paso más allá: “La industria del juicio es la excusa que ponen para cuestionar la normativa laboral, porque en realidad lo que cuestionan son los derechos de los trabajadores”.

Desde la cartera que lidera Jorge Triaca no dudaron en afirmar que “claramente hay mafias que operan” y recordaron que “el propio Ministerio de Trabajo ha denunciado el año pasado un sistema de juicios, que después pasan al sistema de conciliación obligatoria (Seclo), en los que se adulteraban las firmas de los accidentados”. Las fuentes ministeriales precisaron que tropezaron con “más de 70 expedientes con la misma firma”.

“Ahora dicen que hay un manejo abusivo en la justicia, pero después van a decir que lo que es abusivo es el esquema de derechos laborales”, replicó Macías. Es que el abogado entiende que estamos transitando los primeros pasos de un proceso que tendrá posteriormente un capítulo más importante referido a la modificación integral de la legislación laboral.

Similar interpretación a la de su colega hizo Lozano: “Ahora se pretende llevar a cabo una reforma laboral que arrase con las principales conquistas obreras que se dieron en el Siglo XX, tal como la que se dio de Brasil”, sintetizó.

Por último también hubo un fuerte debate respecto del impacto de las estadísticas de litigiosidad sobre la generación de puestos de trabajo. “Genera mayores costos en la póliza de riesgo de trabajo y además le generan un pasivo a las empresas que evitan que contraten o que hace que piensen dos veces a la hora de contratar”, concluyeron desde Trabajo.

Lozano remarcó que para los laboralistas “no son los juicios laborales los responsables de que no se creen empleos en nuestro país” y culpó a la política económica del estancamiento del empleo registrado del sector privado. “En lugar de preocuparse por garantizar derechos de quienes están en peores condiciones, se busca garantizar derechos de quienes están mejor”, cerró Macías, en lo que es un nuevo round de la ya prolongada batalla entre los abogados del fuero del trabajo y el Gobierno Nacional por hegemonizar la lectura de lo que sucede en el mundo laboral vernáculo.