La diputada nacional y secretaria general de FeSITRAJU Vanesa Siley expuso en la jornada internacional «Jueces, litigancia climática y derechos humanos», organizada por el IFBC y el COPAJU con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Allí advirtió que el control de constitucionalidad debe impedir «retrocesos que habiliten la expoliación y extranjerización de nuestros recursos» y vinculó la justicia ambiental con el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
La diputada nacional Vanesa Siley participó este lunes en el Vaticano de la jornada internacional «Jueces, litigancia climática y derechos humanos», organizada por el Instituto de Formación y Capacitación (IFBC), rama académica del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (COPAJU), con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. En su intervención, la legisladora compartió un análisis sobre los desafíos que plantea la Opinión Consultiva 32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los tribunales argentinos, y advirtió que el control de constitucionalidad y convencionalidad «también debe servir para impedir retrocesos que habiliten la expoliación y extranjerización de nuestros recursos, vulneren la soberanía nacional o permitan proscripciones en los sistemas democráticos».
Siley, que también es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales (FeSITRAJU), profundizó en su exposición sobre la necesidad de una justicia ambiental con perspectiva social y soberana. «La justicia ambiental no puede ser formal ni abstracta. Está ligada a la justicia social, la democracia y la soberanía», sostuvo en su ponencia, y agregó un tramo específicamente dedicado al reclamo argentino por las Islas del Atlántico Sur: «Para la Argentina, también al reclamo que sostenemos desde hace 193 años sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur«.
La exposición de la diputada se produce en un contexto de fuerte tensión por el avance de las políticas de desregulación y apertura económica del gobierno de Javier Milei, que incluyen la derogación de la Ley de Tierras Rurales a través del DNU 70/2023. Esa norma, que establecía límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros, fue declarada inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata, pero la Corte Suprema revocó ese fallo el mes pasado al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Como consecuencia, la derogación de la Ley de Tierras quedó nuevamente vigente, lo que generó una ola de rechazos de parte de sindicatos, organizaciones sociales y sectores políticos.
En su paso por el Vaticano, Siley también se refirió a la necesidad de que los tribunales argentinos apliquen la Opinión Consultiva 32, que establece estándares sobre la relación entre los derechos humanos y la emergencia climática. Para la legisladora, esa herramienta debe servir para frenar los retrocesos en materia de derechos y para garantizar que las decisiones judiciales protejan los bienes comunes y la soberanía sobre los recursos naturales.
La participación de Siley en el evento internacional se suma a una serie de presentaciones que viene realizando en foros académicos y judiciales sobre la relación entre justicia, democracia y derechos humanos.
La jornada contó con la presencia de jueces, académicos y referentes de organismos de derechos humanos de distintos países, y tuvo como eje central el análisis de las implicancias de la Opinión Consultiva 32 para los sistemas judiciales de América Latina. En ese marco, la intervención de Siley buscó vincular la agenda ambiental con la defensa de la soberanía nacional y con el reclamo histórico por Malvinas, un tema que la diputada viene impulsando en el Congreso y en distintos ámbitos internacionales.
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