Claudio Urquiza, representante de la Federación Argentina del Papel, apuntó contra las políticas de apertura de importaciones del Gobierno nacional y cuestionó el silencio de la UIA. Advirtió que el cierre de la planta de Tornquist, propiedad de un grupo con presencia en Brasil y Chile, afecta a todo el entramado industrial y golpea de manera terminal a una comunidad de 7.500 habitantes.
Claudio Urquiza, representante de la Federación del Papel, analizó la situación en diálogo con el medio local Apepe Bahía y enmarcó la decisión empresarial del caso de Papelera del Sur en un contexto más amplio de políticas económicas que, según su visión, están destruyendo el trabajo argentino. «Me parece que, en primer lugar, tenemos que enmarcar esta decisión en las políticas que implementa el gobierno nacional, que dan como consecuencia las decisiones empresariales que se están tomando últimamente. Por tal motivo nosotros estamos en contra de las políticas del gobierno nacional», afirmó el dirigente, quien ratificó el acompañamiento de la federación a los trabajadores de la planta.
Para Urquiza, el cierre de Papelera del Sur no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de un modelo que golpea a toda la industria nacional. «Hay una política de apertura de importaciones que afecta directamente al trabajo nacional. Quisiéramos que desde la UIA, por ejemplo, se refirieran de alguna forma al asunto, cosa que no sucede; los únicos que estamos reclamando somos los trabajadores. Entendemos que toda la actividad industrial está en riesgo, no solo la papelera», advirtió. El dirigente cuestionó el silencio de las cámaras empresarias porque son los trabajadores quienes están dando la cara en defensa del entramado productivo, llegando incluso a enfrentar procesos judiciales severos por reclamar o protestar.
Uno de los puntos más fuertes de su análisis fue la desarticulación de la lógica empresarial. «Esta no es una empresa aislada, es un grupo de empresas, es una multinacional, tiene empresas en Brasil y en Chile. Oh, casualidad, que la medida que toman es en Argentina, donde las medidas que se tomaron sobre las importaciones entiendo yo que son nocivas, no solamente para esta empresa sino para el país, más que nada para los trabajadores», disparó Urquiza. La referencia apunta a que el cierre no responde a una crisis de rentabilidad del grupo a nivel global, sino a la conveniencia de abandonar la producción local para importar la cartulina desde el exterior, aprovechando las malas condiciones de la economía argentina.
El impacto social de la decisión es el aspecto que más preocupa a la federación. «Tiene un impacto tremendo en un pueblo chico perder 160 puestos de trabajo», sostuvo Urquiza. La dimensión del golpe para una localidad de 7.500 habitantes como Tornquist es devastadora, ya que la papelera era la principal empleadora privada y su cierre arrastra a toda la cadena productiva, desde comerciantes hasta transportistas y proveedores. El dirigente dejó en claro que la defensa de la planta no es solo por los 160 trabajadores despedidos, sino por el futuro de toda una comunidad que ve amenazada su supervivencia.
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