sábado, diciembre 3

Una trabajadora discapacitada denunció en lo penal y laboral a Larreta por discriminación por «negarse a realizar proselitismo partidario»

Una trabajadora discapacitada del Gobierno de la Ciudad denunció penal y administrativamente a Horacio Rodríguez Larreta, porque hace 14 años que se desempeña con contratos renovables año a año y sin regularizar su situación laboral.

Con el patrocinio del abogado Luis Tagliapietra –padre de uno de los 44 marineros muertos en el hundimiento del ARA San Juan y querellante en esa causa-, la trabajadora Natalia Gulino presentó las acciones en los fueros Contencioso Administrativo y penal de la Ciudad.

Gulino denunció al jefe de Gobierno por «incumplimiento de los deberes de funcionario público, discriminación, maltratos reiterados y precarización laboral».

En el ámbito laboral, la demanda apunta a obtener la regularización de la situación y al pago de «salarios caídos, antigüedad y vacaciones no abonados en tiempo y forma».

Gulino, explica la demanda, «sufre discapacidad visual y visceral a causa de una patología atípica de nacimiento, (Trisomía del IX Par)», lo que genera una malformación en el rostro que no afecta en nada sus capacidades intelectuales y su desempeño en el trabajo.

La denuncia apunta a los «derechos vulnerados, con el agravante de ser mujer y una persona discapacitada».

«Vengo por la presente a promover acción de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos contra la actitud desplegada por COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad)», explica la demanda.

Gulino explicó que comenzó a trabajar en la esfera del Estado porteño en 2007.

«Encontrándome sin contrato en una situación absolutamente irregular, se me ofreció trabajar bajo contrato en COPIDIS», situación en la que permanece desde entonces, pese a que ya transcurrieron casi tres lustros sin que sea incorporada a planta permanente.

La acción judicial apunta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a los funcionarios del área Marcelo Cano y Agustina Señorans.

«Más allá del maltrato, el acoso laboral y político, las amenazas y coacciones recibidas por mi tutelada, también resulta ser brutalmente discriminada por ser mujer y por ser discapacitada, dándole un trato cruel en todos los ámbitos incluido el económico cuando su salario queda por debajo de lo que cobran otros empleados públicos con la misma antigüedad», expresa la demanda.

Gulino padece, además «represalias por siempre defender sus derechos y los de los demás compañeros y compañeras discapacitadas, por agremiarse y negarse a realizar trabajos y proselitismo partidario».