miércoles, agosto 10

Un poco de justicia (social)

Por Leandro Macía *

Injusticias hay muchas y todas nos movilizan, pero las que más irritan son las más flagrantes. La falta de registración de las trabajadoras de casas particulares afecta a 7 de cada 10 trabajadoras del sector, y constituye una injusticia del más grave tenor.

En primer término, pues en gran medida está integrado por trabajadoras provenientes de hogares históricamente postergados, que poseen salarios bastante por debajo de la media del salario registrado de nuestro país, y porque el Estado ha dispuesto un montón de facilidades para su registración cuyo costo es, también, sumamente bajo.

En segundo lugar, porque una parte importante de quienes las emplean son personas de altos ingresos que no encontrarían más inconvenientes en pagarles lo que la ley dispone y reconocer los derechos que las asisten, más que en la avaricia y el sostenimiento de privilegios y prejuicios de clase.

Esta situación constituye una afrenta para la sociedad toda y genera un compromiso ineludible de disponer cuanta medida se tiene al alcance para intentar poner fin a esta injusticia histórica. Según datos del Indec, en el primer trimestre de 2021, sobre 1.533.000 trabajadoras de Casas Particulares, sólo 495.000 se desempeñaban en la formalidad. Es decir, a casi el 70% de las trabajadoras (1.038.000 personas) le son negados sus derechos y beneficios laborales.

Y hablamos en femenino porque históricamente éste se ha constituido como un trabajo de mujeres: el eufemismo «la chica que ayuda en casa» -que aún hoy se escucha con demasiada frecuencia- oculta la realidad de un sector laboral feminizado en un 99% y con muchas de ellas a cargo de su hogar. Recordémoslo una vez más, se trata de trabajadoras con derechos que deben ser cumplidos, siendo el Estado quien debe controlar ese cumplimiento.

La situación de precariedad en que se encuentran la mayoría de las trabajadoras contrasta con los instrumentos de política pública que se construyeron en los últimos años en nuestro país para facilitar la formalización. Desde 2005 existe la posibilidad de descontar del Impuesto a las Ganancias los aportes que pagan quienes contratan trabajadoras domésticas, se ha simplificado el mecanismo de registración y se han efectuado cantidad de campañas promoviéndola y sin embargo, la tasa de registración aún es bajísima.

Por si la falta de registración laboral no fuera suficiente, es frecuente escuchar en los medios alguna noticia aberrante, como la del propietario que en plena pandemia y vigencia de las medidas de ASPO intentó «meter de contrabando» en el country a su empleada llevándola dentro del baúl de su auto; o el ex Ministro de Trabajo, luego devenido en Secretario, que mantenía a «Sandra» en la informalidad; o la indignante reducción a la esclavitud que intentó operar una propietaria de un country de Beccar con una joven trabajadora que salió a la luz en los últimos días.

Registrar a las trabajadoras de casas particulares no es opcional, es una obligación de todos los empleadores. Quien le paga a una persona para realizar las tareas de mantenimiento y cuidado del hogar y/o personas, no tiene alguien «que ayuda en casa», está estableciendo una relación de trabajo con otra, aun cuando no haya mediado la firma de ningún contrato.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires nos dimos una tarea inédita, pero que creemos fundamental, para romper con tanta injusticia: estamos llevando adelante operativos de inspección del trabajo para detectar la falta de registración recorriendo Countries y Barrios Privados, solicitando a las administraciones los registros de autorización de ingreso y egreso de trabajadores y trabajadoras para luego cotejar quiénes se encuentran registradas y pedir explicaciones a quien no ha cumplido con este deber. Y lo estamos haciendo conjuntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, que se comprometió de lleno en esta tarea de estricta justicia.

Los barrios cerrados que no brinden la información requerida serán infraccionadas por obstrucción y deberán afrontar las multas correspondientes.

Inspeccionar en este sector no es tarea sencilla: la fiscalización plantea desafíos que es necesario resolver para poder verificar el cumplimiento de las obligaciones. Si bien los/las inspectores/as están autorizados al libre acceso a los lugares de trabajo (artículo 7 Ley N ° 12.415), la garantía de inviolabilidad del domicilio impide que proyecte efectos sobre los ámbitos en donde se desarrolla la habitación o residencia de las personas. El mecanismo utilizado resulta idóneo para poder relevar trabajadoras, así como el que utiliza la AFIP, que cuenta con esquemas de presunción e intimación a grandes contribuyentes que no tengan declarada ninguna trabajadora doméstica.

Operativos como el que impulsamos en barrios cerrados de la provincia se inscriben en la misma línea de poner todas las herramientas y creatividad de la política pública cuando se trata de hacer cumplir con derechos y obligaciones. Para nuestro ministerio no hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda, todos y todas las bonaerenses tienen derecho al trabajo digno. La justicia social no se alcanzará por declamaciones, sino por acciones.

* Abogado Laboralista. Subsecretario de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires