Tras la suspensión judicial, una senadora que apoyó la Reforma Laboral en general presentó un proyecto para derogar el FAL

Se trata de Flavia Royon, Senadora salteña que acompañó en general la Reforma Laboral. Presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), ahora suspendido entre los 82 artículos que frenó la justicia del Trabajo. «La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social», planteó.

La senadora nacional Flavia Royon presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al considerar que el mecanismo desfinancia el sistema previsional, distorsiona los incentivos en el mercado laboral y genera un esquema regresivo que termina beneficiando la rotación de personal por sobre el empleo estable.

La iniciativa propone la derogación integral del Título II de la Ley 27.802, al sostener que el FAL no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un modelo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos que hoy sostienen jubilaciones y prestaciones sociales.

Según los fundamentos del proyecto, el esquema implica una reducción de contribuciones patronales que provocaría una caída estimada de 3,28 billones de pesos en la recaudación, equivalente al 0,32% del PBI, o aproximadamente USD 2.200 millones.

Royon, que acompañó en general la Reforma Laboral, advirtió que este diseño “debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, al transformar ese costo en un aporte mensual subsidiado que licúa la responsabilidad empresaria frente a desvinculaciones sin causa.

Además, la senadora remarcó que el sistema termina perjudicando especialmente a las PyMES y microempresas, ya que los tiempos para reunir fondos suficientes resultan profundamente desiguales según la escala de cada empleador.

De acuerdo con las simulaciones incorporadas en el proyecto, una microempresa con 10 empleados necesita 6 años y 9 meses para reunir el monto equivalente a la indemnización de un trabajador con 20 años de antigüedad, mientras que una gran empresa puede hacerlo en apenas 2 meses.

“La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, sostuvo Royon.