La fiscalización del RENATEA, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y del Ministerio de Desarrollo Humano de San Juan confirmó que los trabajadores no estaban registrados y comprobó «serias condiciones de hacinamiento, ausencia de energía eléctrica, agua potable y gas», señaló un comunicado de prensa.
«Tampoco tenían garantizada la alimentación, la ropa de trabajo o elementos de seguridad ni sabían cuándo podrían volver a Tucumán. También se constató la presencia de dos menores, configurando la presunción de trata laboral y empleo infantil», agregó.
Frente a posibles delitos penales relacionados con la trata laboral y el trabajo infantil, se presentó la denuncia y, ayer, declaró el empresario responsable de la finca, quien estaba prófugo de la justicia desde hacía dos semanas y quedó detenido, en tanto dos capataces tienen sendos pedidos de captura.
«La ley es muy clara al respecto. El empresario que hace trabajar a chicos es un delincuente. Cada trabajador adulto tiene garantizado su salario, aportes y condiciones laborales. El RENATEA debe hacer cumplir la norma», puntualizó el director general del organismo público, Guillermo Martini.
Los trabajadores ya están en Tucumán, su provincia de origen, y recibieron contención, asesoramiento legal y prestaciones.
Martini sostuvo que «la misión es garantizar el pleno cumplimiento de la ley, por lo que se recurrirá a la justicia cada vez que sea necesario, porque el RENATEA se propuso estar en cada rincón del país donde haya un trabajador agrario», concluyó Martini.