Trabajadores de la Línea 60 acusan a Monsa de asesinato

«La empresa está basando su defensa en un error humano y acá asesinaron a un trabajador», dijo a Télam el delegado Néstor Marcolín, quien también denunció que en el mes de marzo denunciaron ante la Superintendencia de Seguros de Trabajo, y en junio ante el Ministerio de Trabajo, una maniobra «para truchar el programa de reducción de siniestros» y «nadie hizo nada».

El gremialista también cuestionó la afirmación empresaria de que se trata de una terminal nueva, construida con la más moderna tecnología y respetando las normas de seguridad vigentes, al advertir que los «programas de seguridad tienen que funcionar cuando hay una falla humana».

«Trucharon el programa para pagar menos seguro, los responsables son los empresarios, el ingeniero en seguridad e higiene que habilitó esto y el personal jerárquico que obligó a trabajar en esas condiciones», afirmó Marcolín.

Además, desmintió que la empresa esté colaborando con la familia del trabajador, ya que la situación «no se soluciona con la ART pagando el velatorio».

«Los trabajadores y la familia estamos juntos en esto», añadió el gremialista y concluyó: «La empresa puede decir lo que quiera, los muertos los enterramos los trabajadores».

Monsa publicó una solicitada para dar a conocer su postura sobre la muerte Ramallo, el electricista de 35 años que murió el viernes 9 de septiembre aplastado por un colectivo en el taller que posee en el barrio porteño de Barracas.

En su descargo, la empresa afirma que la falla del elevador y la caída de la unidad sobre el cuerpo del trabajador ocurrió por «una serie de hechos fortuitos y errores humanos que nada tienen que ver con las instalaciones ni las condiciones de seguridad de la empresa».

Además, repudia «los actos de vandalismo y violencia registrados, lo que incluye trabajadores lesionados, actualmente internados y hasta con intervenciones quirúrgicas, así como la toma de instalaciones por parte de una fracción del personal».

Monsa también acusa a los delegados de aprovecharse de «la desgracia» para «perjudicar a la empresa, tomando de rehenes a la mayoría de los trabajadores y reivindicando intereses políticos de larga data que no tienen ninguna relación con lo ocurrido».