El diputado provincial y secretario general de la CGT presentó una propuesta que busca fortalecer la actividad de taxis y remises en San Juan. Desde FAREM advierten que las aplicaciones como Uber, Didi o Cabify deben cumplir las mismas obligaciones legales y laborales que el resto del sector.

La presentación del proyecto de “modernización y transparencia del transporte” en la Legislatura provincial abrió un fuerte frente de críticas por parte de sindicatos y empresarios del sector. El diputado provincial y secretario general de la CGT regional San Juan, Eduardo Cabello, calificó la iniciativa como “una ley hecha a espaldas de los trabajadores y empresarios” y advirtió que amenaza el empleo de miles de sanjuaninos.

Cabello recordó que ya existe la Ley 814-A, que regula el transporte en la provincia, y señaló que el problema no es normativo sino de control. “El Estado nunca hizo cumplir la ley vigente. Antes de generar una nueva norma que no asegura reglas claras, lo que hace falta es que se aplique la que ya tenemos”, sostuvo.

Uno de los puntos más cuestionados es la apertura a plataformas internacionales como Uber, Didi o Cabify. Según Cabello, mientras taxis y remises cumplen con seguros, revisiones técnicas e impuestos, estas empresas operan sin controles ni obligaciones. “Se habilita la precarización laboral y se fomenta la competencia desleal”, alertó, advirtiendo también sobre la falta de garantías de seguridad para los usuarios.

El diputado apuntó además que el texto “borra del mapa” a las agencias de remises que llevan más de treinta años invirtiendo en la provincia y omite regular fenómenos ya existentes, como el transporte de pasajeros en moto. También advirtió sobre el riesgo de concentración en pocas manos y la discrecionalidad que otorga al Ejecutivo en la reglamentación de artículos clave.

El rechazo fue respaldado por la Federación de Remiseros (FAREM). Su secretario general, Alejandro Poli, explicó que la postura gremial es acompañar el proyecto alternativo impulsado por Cabello y consideró que es «una ley que nos permitiría defender la actividad de remiseros en su conjunto y que la presentó mucho antes de la que presentó el gobierno» provincial.

“Las aplicaciones son una forma de agencia de remis, con otra forma de llamada al remis pero la actividad básica y específica es la del remis y deben cumplir con los mismos requisitos: habilitar un local, registrar empleados bajo el convenio colectivo 773/19, tienen que cumplir con las leyes de contrato de trabajo, tienen que estar dentro de la seguridad social y cumplir las leyes de transporte de San Juan. No pueden disfrazar su actividad para evadir responsabilidades”, subrayó.

La lista de sectores que expresaron su oposición incluye a taxis y remises, agencias, camioneros, combis escolares, peones de taxi, CAPE, ATAP y la propia CGT Regional San Juan. Todos coinciden en que el proyecto oficial no resuelve los problemas de fondo, agrava la desigualdad y avanza sobre derechos laborales sin diálogo previo.

“Lo que el Gobierno llama modernización en realidad es un aval a la informalidad”, concluyó Cabello, ratificando que los gremios y las organizaciones del transporte intensificarán su reclamo para frenar la iniciativa.