Roma no paga traidores ni leales: luego de que los usara para desgastar el paro de la CGT, el Gobierno empuja a la UTA al conflicto en soledad

Tras romper con el paro de la CGT y quedar fuera del respaldo sindical mayoritario, la UTA enfrenta sola un conflicto sin solución a la vista: sin oferta salarial, sin intervención efectiva del Gobierno y con un sistema de transporte al borde del colapso.

Tras semanas de negociaciones frustradas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) define este miércoles si convocará a un paro de colectivos de 48 horas en reclamo de una recomposición salarial. La medida, que podría paralizar a más de 300 líneas de colectivos justo en torno al Día del Trabajador, llega después de que el gremio quedara en una posición incómoda: solo, sin respaldo del Gobierno, y tras haber contribuido a neutralizar la reciente protesta de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El conflicto salarial entre la UTA y las cámaras empresariales está estancada nuevamente gracias al tironeo por subsidios. Desde el 7 de marzo, cuando se dictó la conciliación obligatoria, no ha habido avances sustantivos. En la última audiencia, celebrada este martes, las empresas no ofrecieron una propuesta concreta y reiteraron su imposibilidad de negociar por falta de fondos, escudándose en un esquema de subsidios y tarifas que consideran inviable. La UTA, por su parte, insiste en elevar el salario básico de los conductores de 1.200.000 a 1.700.000 pesos, cifra que consideran indispensable ante la escalada inflacionaria.

“El salario que nos ofrecen no alcanza ni para sobrevivir. Nos están empujando al abismo”, afirmó uno de los referentes sindicales al salir de la reunión. El rechazo gremial fue unánime frente a la propuesta empresarial que consistía en bonos no remunerativos de $40.000, $50.000 y $70.000 distribuidos entre mayo y julio, acompañados de un salario básico de $1.270.000, lo que representaría un aumento mensual inferior al 1%.

Pero el conflicto no se reduce a números. Lo que genera un malestar más profundo entre los trabajadores del transporte es el rol ambiguo del Gobierno nacional. Mientras la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se limitó a mediar formalmente, el Ejecutivo mantiene una postura de aparente neutralidad, amparándose en que se trata de una negociación entre privados. Sin embargo, esa posición omite un detalle clave: el propio Estado fija las tarifas y administra los subsidios que estructuran todo el sistema.

En los pasillos sindicales no pasa desapercibido que la UTA fue uno de los gremios que se desmarcó del paro convocado por la CGT semanas atrás. Esa decisión, que fue leída por algunos como un gesto de contención hacia el Gobierno, no ha sido correspondida hasta el momento. Hoy, el sindicato de los choferes enfrenta solo un conflicto que podría haber tenido otro desenlace con una interlocución estatal activa: Roma no paga ni a traidores ni a leales.

La posible coincidencia del paro con las movilizaciones por el 1º de mayo añade tensión al escenario. Aunque la protesta no está organizada por la UTA, el clima de hartazgo y precarización podría hacer que la medida de fuerza tenga un alcance mayor del previsto.

El deterioro del sistema de transporte, reflejado en el desfasaje entre el precio real del billete —estimado en $1.596,40— y el valor que paga el usuario —en promedio $371,13—, agrava la situación. Las empresas aseguran que reciben por cada billete apenas $973,76, insuficiente para cubrir los costes operativos. El congelamiento tarifario, vigente desde agosto, se convirtió en una trampa tanto para trabajadores como para empresarios.

En este contexto, la reunión que se celebra hoy a las 11 de la mañana se vuelve crucial. La UTA ya cuenta con el aval legal para convocar a un paro, y todo indica que, salvo un giro inesperado, la medida de fuerza se anunciará al mediodía. Será el segundo paro masivo del sector en menos de seis meses, y esta vez llega sin red.