El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmó un decreto que exige a los gremios de subtes, colectivos y recolección de residuos garantizar servicios mínimos del 50% al 75% durante medidas de fuerza, con el objetivo de «neutralizar el impacto de los paros en áreas críticas» y evitar que «una minoría organizada paralice toda una Ciudad». La normativa, que se apoya en la reforma laboral, establece que las empresas de transporte y recolección deberán mantener operativos parciales incluso durante huelgas, atentando contra el derecho constitucional a realizar medidas de fuerza.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, firmó un decreto que establece la obligación de garantizar niveles mínimos de funcionamiento en los servicios de subtes, colectivos y recolección de residuos durante medidas de fuerza gremiales. La normativa, oficializada este lunes mediante el Decreto N.º 230/26, dispone que las empresas deberán asegurar prestaciones que van del 50% al 75% del servicio habitual, con el objetivo de neutralizar el impacto de los paros en áreas críticas para la vida de los porteños y de quienes ingresan y egresan diariamente de la Ciudad.

«Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad», sostuvo el mandatario en sus redes sociales al presentar la iniciativa. La medida establece que las empresas de recolección de residuos, consideradas como un servicio esencial, deberán asegurar una cobertura mínima del 75% de su funcionamiento habitual, mientras que el transporte público de pasajeros, colectivos, subtes y Premetro, fue catalogado como una actividad de «importancia trascendental» y deberá garantizar al menos el 50% de su operación ante huelgas o conflictos laborales.

La iniciativa se apoya en las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802), impulsada por el presidente Javier Milei y promulgada en marzo de este año, que determina qué sectores revisten carácter de «esencial» y cuáles representan «actividades de importancia trascendental». Mediante esa norma se introdujeron cambios al artículo 24 de la Ley 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo que puedan afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental, y establece garantías para la prestación de servicios mínimos.

En el caso del Subte y el Premetro, la obligación alcanzará a cada una de las líneas de manera individual, y la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) deberá definir junto a la concesionaria Emova Movilidad S.A. las modalidades operativas para garantizar la circulación de trenes durante un conflicto gremial. La exigencia también regirá para las líneas de colectivos cuya regulación corresponde exclusivamente a la Ciudad de Buenos Aires, garantizando una prestación parcial aun cuando existan medidas de fuerza.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de arbitrar los medios necesarios y convocar a las partes involucradas para asegurar el estricto cumplimiento de los porcentajes fijados por la normativa vigente.