El Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich inició los castigos que eligió en su protocolo para las distintas organizaciones que salieron a la calle a protestar. Las sumas que pretende ronda los 56 millones en un caso y los 40 millones en otro y da diez días para efectuar el pago.
El 14 de diciembre se publicó en el boletín oficial la resolución 943/23 del ministerio de Seguridad a través de la cual Patricia Bullrich impuso un protocolo «para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación», que se conoció como «antipiquetes».
La norma pretende, ni más ni menos, limitar el efecto de cualquier tipo de reclamo público en todo el país, reducir el derecho a la libre expresión y criminalizar la protesta. El beneficio sería garantizar la circulación regular de medios de transporte.
Este 10 de enero dos cartas documento firmadas por un funcionario del ministerio de Seguridad reclamaron pagos millonarios a diversas organizaciones sociales, sindicales y partidos políticos con un plazo de 10 días para su pago que debería efectuarse a través de un Volante Electrónico de Pago (VEP) a las arcas del Ministerio de Economía.
Una de misivas busca cobrarle a la Federación Marítima y Portuaria FEMPINRA, al gremio de Anses APOPS, al de judiciales UEJN, al Polo Obrero, a la UTEP, al partido político MST, a la Izquierda Socialista, la UOM, la UOCRA, el Sindicato de Prensa SIPREBA, el de Neumático SUTNA, Camioneros, CTA, la Conadu Histórica y la CTA Autónoma la suma de $40.419.227,56 por el operativo que organizaron desde el ministerio el 27 de diciembre de 2023.
La otra responde a la movilización realizada el 22 de diciembre del año pasado y busca cobrarle a ATE, la CTA, la UTEP, la Federación Nacional Territorial, Libres del Sur, Frente Barrial CTA, a la Federación de Trabajadores de la Economía Social FETRAES y al FOL la suma de $56.760.282,58.- bajo las mismas condiciones de pago.
No especifican cuál será el costo por ítem en la suma de cada operativo pero las sumas son esas.
La intimación viene acompañada de la amenaza ante la falta de pago de iniciar acciones legales.
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