Prestadores de la salud advirtieron que más de un millón de empleos están en riesgo si cae la emergencia sanitaria

La Unión Argentina de Salud de prestadores advirtió que, si el Presupuesto 2026 se aprueba sin la prórroga de la emergencia sanitaria, más de 5.000 instituciones del sector quedarían en riesgo y podrían perderse más de un millón de puestos de trabajo. Los prestadores reclaman una norma que garantice la inembargabilidad para evitar cierres y asegurar la continuidad de los servicios de salud.

La Unión Argentina de Salud (UAS) alertó que más de un millón de puestos de trabajo del sector sanitario podrían quedar en riesgo si el Presupuesto 2026 se aprueba sin la prórroga de la emergencia sanitaria. Desde la entidad que agrupa a prestadores privados advirtieron que la eliminación de ese régimen podría provocar despidos masivos y el cierre de cientos de empresas en todo el país.

Según señalaron desde la UAS, la situación se agravó tras la eliminación del Capítulo XI, artículo 78, del proyecto de Ley de Presupuesto, que contemplaba la continuidad de distintas emergencias y regímenes especiales. Entre ellos, se incluía la emergencia sanitaria, vigente desde 2001, que otorga herramientas clave para sostener el funcionamiento de clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y otros establecimientos asistenciales.

La cámara empresaria explicó que, de avanzar la iniciativa tal como fue votada en la Cámara de Diputados, más de 5.000 instituciones quedarían en una situación de extrema vulnerabilidad a partir del 1 de enero de 2026. Estas entidades emplean a más de un millón de trabajadores registrados, cuya estabilidad laboral podría verse seriamente comprometida ante un escenario de embargos y dificultades financieras.

Desde el sector también remarcaron que la emergencia sanitaria se mantiene desde hace más de dos décadas debido a que ningún gobierno logró resolver los problemas estructurales de la industria. En ese sentido, cuestionaron la falta de actualización de aranceles y el desfasaje entre precios y costos, lo que dejó a muchas empresas al borde de la inviabilidad económica.

Ante este panorama, la UAS reclamó el dictado de una norma que prorrogue de manera explícita el régimen de inembargabilidad para los prestadores de salud. El objetivo, explicaron, es evitar que las deudas fiscales deriven en embargos de cuentas o activos esenciales que podrían paralizar la prestación de servicios y afectar gravemente a los pacientes.

“El régimen no implica una condonación de obligaciones, sino un resguardo transitorio orientado a proteger el interés público”, afirmó el presidente de la UAS, Hugo Magonza. En esa línea, advirtió que permitir embargos sobre recursos clave “comprometería de manera inmediata la continuidad de servicios críticos y la estabilidad de todo el sistema de salud”.