La Legislatura porteña tratará «sobre tablas», es decir, sin pasar por comisiones, la ratificación del traspaso de competencias desde la Nación. Por su parte, el Consejo de la Magistratura avanza con la designación de los primeros magistrados. El principal escollo es económico: los recursos que transferirá Nación aún no están definidos.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votará el jueves la ratificación del traspaso de la competencia laboral desde la Justicia Nacional a la órbita porteña, un paso que el Gobierno de Jorge Macri considera clave para consolidar la autonomía del distrito. Si bien el Congreso ya aprobó la transferencia en el marco de la reforma laboral, el parlamento local debía aceptar formalmente la medida. La votación estaba prevista para meses atrás, pero se dilató por cuestiones políticas y administrativas. En el oficialismo confían en que los primeros juzgados y salas funcionarán en febrero próximo.
El nuevo fuero laboral porteño fue concebido como una estructura que, en una primera etapa, contará con diez juzgados de Primera Instancia y una Cámara de Apelaciones integrada por dos salas. El Consejo de la Magistratura ya envió a la Legislatura los pliegos de los 21 candidatos para cubrir esos cargos, entre ellos los jueces María Sol Loredo, Francisco Elissondo y Laura Alejandra Calogero para los tribunales de base, y Diego Javier Tula y Patricia Paola Ceriani para la Cámara. La Junta de Ética del parlamento, que preside el legislador Matías Lammens, será el ámbito donde se discutan los nombramientos.
El principal problema que enfrenta la Ciudad es el económico. En el acta que suscribieron a principios de año el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, no hay cifras concretas sobre los recursos que Nación transferirá para sostener el nuevo fuero. La cláusula séptima del acuerdo solo establece «dar inicio a las negociaciones» para los convenios específicos de transferencia. «Toto no le paga ni la mamadera al nieto», bromeó un funcionario porteño ante la incertidumbre, aunque en la Ciudad aseguran que ya tienen previstos los recursos para los primeros juzgados.
El traspaso busca aliviar la saturación de la Justicia Nacional del Trabajo, que acumula cerca de 700.000 causas pendientes en sus 80 juzgados y 12 salas, y recibe unas 60.000 nuevas cada año. El acuerdo establece que las causas ya iniciadas seguirán tramitándose en el fuero nacional, mientras que los nuevos casos ingresarán directamente a los juzgados porteños. Sin embargo, el proceso enfrenta cuestionamientos: la Asociación de Magistrados logró una medida cautelar que suspendió los efectos de la ley hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.
En el Gobierno porteño difundieron que, mientras tanto, el Consejo de la Magistratura avanza con la contratación de personal, la adecuación de edificios y la compra de computadoras para tener todo listo el 1° de febrero. En paralelo, el Ejecutivo de Jorge Macri impulsa una reforma judicial que amplía la estructura de diez a ochenta juzgados laborales, de dos a diez salas y crear un «servicio de conciliación obligatoria previa».
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