Pese a la quita de derechos promovida por la Ley Bases, fracasó el blanqueo de personal puesto en marcha desde su sanción

Se trata de un nuevo fracaso de la narrativa que habla de una reforma laboral para promover el empleo registrado. Aunque la Ley Bases promulgó un amplio «perdón» solo se blanqueó el 0,3% de los trabajos informales, muy lejos de las expectativas que había generado el propio Gobierno. La quita de derechos por la quita misma.

La Ley Bases aprobada por el Congreso a mediados de 2024 incluyó un plan para regularizar puestos de trabajo que no habían sido registrados o que estaban deficientemente declarados. Fue una apuesta del Gobierno para ver crecer el número de ocupaciones asalariadas registradas, bajo el lema de que los derechos y las normativas eran una traba.

Sin embargo, a más de un año el popularmente conocido como blanqueo laboral, el Régimen de Promoción del Empleo Registrado, fue un nuevo fracaso y su impacto inexistente.

El Gobierno previó una amplia condonación de las deudas con el fisco por los aportes y contribuciones no abonados en su momento, entre otros beneficios. ¿Qué resultados tuvo el programa? Durante los tres meses que estuvo habilitado el trámite para la regularización -entre fines de septiembre y fines de diciembre de 2024- adhirieron 1950 empleadores, y lo hicieron para poner en regla la situación de solo 16.703 trabajadores. Por el plan, el fisco recaudó unos $2000 millones.

Las cifras son de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fueron difundidas por La Nación tras un pedido de acceso a la información pública.

El número de regularizados puede considerarse sumamente escaso si se lo contrasta con la cantidad estimada de asalariados no registrados que consta en los últimos informes del Indec referidos a la “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra”. En el primer trimestre de este año -dato más reciente disponible- la cifra era de 5.437.000 ocupados, no muy diferente a la de igual período de 2024, de 5.448.000 (hubo 11.000 puestos menos este año). Es decir, del total de empleados no declarados que se estima que hay, se regularizó un 0,3%.

Según consideró el economista Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, hay “dos grandes razones” por las cuales el resultado fue muy pobre. “La primera -dijo- es que, si bien se crearon incentivos para regularizar, al mismo tiempo se eliminaron las sanciones por no regularizar», algo que, en su opinión, desalentó el ingreso al programa.

La segunda razón, según su análisis, es que el problema del no registro requiere un abordaje sectorial porque, por ejemplo, “no es lo mismo el pequeño comercio minorista, que a veces ni siquiera tiene rentabilidad para pagar los salarios de convenio, que los pequeños talleres proveedores de grandes empresas, casos en los cuales sería necesario mirar toda la cadena de valor”.