Organizaciones sindicales como el SiPreBA, FATPREN y ARGRA, académicas y de derechos humanos denunciaron ante la CIDH que el gobierno argentino impulsa un ataque sistemático contra periodistas, con agresiones, criminalización y desguace de medios públicos, y pidieron al organismo que intervenga de manera urgente.
En una audiencia celebrada el miércoles en la Universidad de Miami, en el marco del 194° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el secretario adjunto electo de SiPreBA y tesorero de FATPREN, Francisco “Paco” Rabini, denunció al gobierno nacional por lo que calificó como un “ataque recurrente, planificado y persistente” contra periodistas y trabajadores de prensa durante los últimos dos años. Rabini explicó cómo estas acciones vulneran de forma grave la libertad de expresión y de prensa.
La sesión contó con la presencia de representantes del Estado argentino y fue solicitada por un amplio conjunto de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional Argentina, el CELS, SiPreBA, FATPREN, ARGRA, FOPEA, instituciones académicas como la Carrera de Comunicación de la UBA, y diversos colectivos profesionales y de derechos humanos.
Durante su intervención, Rabini afirmó que, por primera vez desde el retorno democrático, un gobierno “diseña, dirige y alienta” una campaña de hostigamiento contra periodistas. Citó como ejemplo declaraciones del presidente Javier Milei, como el tuit en el que expresó: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, señalando que estos mensajes “tienen consecuencias concretas”.
El dirigente subrayó que ese clima habilita agresiones físicas, como el ataque con un cuchillo sufrido por fotógrafos de Tiempo Argentino y Clarín durante un acto presidencial, o la agresión al periodista Roberto Navarro, golpeado por un desconocido.
Rabini detalló también una represión sistemática contra trabajadores de prensa en el contexto de manifestaciones públicas. Según los registros presentados, sólo durante la movilización del 1 de febrero de 2024 se contabilizaron 52 periodistas heridos. El caso más grave fue el del fotógrafo Pablo Grillo, alcanzado por una granada de gas lacrimógeno disparada directamente a su cabeza el 12 de marzo: ocho meses después, continúa en estado crítico.
Las organizaciones denunciantes señalaron además prácticas de criminalización del ejercicio periodístico, recortes y presiones sobre medios autogestivos, y el desmantelamiento de fondos de fomento cultural y organismos de defensa de audiencias. Según plantearon, estas medidas deterioran la pluralidad informativa y restringen el derecho social a la información.
En su exposición, Rabini remarcó el “desguace de los medios públicos”, con énfasis en la situación de la agencia estatal Télam, así como los recortes en Radio Nacional, la Televisión Pública y señales educativas y culturales. Calificó estas acciones como un “atentado contra la libertad de expresión y el sistema federal de medios”.
Asimismo, advirtió que el sector de prensa sufre el impacto de las políticas económicas oficiales: condiciones laborales deterioradas, sueldos insuficientes y un escenario que deriva en un periodismo precarizado, dificultando el ejercicio profesional y afectando, por extensión, la calidad democrática.
Qué solicitaron a la CIDH
Al finalizar la audiencia, las organizaciones pidieron que la CIDH monitoree de manera urgente la situación en Argentina y que promueva instancias de diálogo con el gobierno. Reclaman que se adopten medidas para detener los ataques a periodistas y voces críticas, garantizar límites y responsabilidades claras para funcionarios públicos y poner fin a la represión violenta en protestas y coberturas.
Se espera que el organismo regional evalúe el conjunto de presentaciones y determine los siguientes pasos en el seguimiento del caso.
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