La jueza de Garantías de San Nicolás María Eugenia Maiztegui, quien debía intervenir en una audiencia en la que se iba a tratar la situación de dos dirigentes locales del gremio de Camioneros, pidió licencia médica por 15 días y no estuvo presente. Pablo Moyano movilizó para pedir su libertad.
La audiencia igualmente se celebró pero con un juez subrogante, el magistrado Román Parodi, quien será el encargado de resolver a más tardar el miércoles de la semana próxima el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y el de excarcelación reclamado por la defensa para los sindicalistas Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.
Ambos fueron detenidos por orden de la jueza Maiztegui acusados por haber bloqueado el ingreso y egreso de camiones de una empresa en la localidad bonaerense de San Pedro, en presunto reclamo por el pago de cuotas sindicales adeudadas.
En ese contexto, Pablo Moyano encabezó una movilización de camioneros para pedir la libertad de los delegados.
La semana anterior la jueza Maiztegui ordenó un allanamiento en la sede porteña del gremio de Camioneros, de donde se llevó documentación sobre el destino del dinero que los dos sindicalistas detenidos reclamaron y obtuvieron durante la protesta.
Según el abogado de Camioneros, Daniel Llermanos, «verificaron que estaba todo en regla. El dinero era por cuotas sindicales impagas y tal como lo cobraron, lo ingresaron en la Tesorería del sindicato».
Sin embargo la fiscal María del Valle Viviani interpretó que de la prueba recolectada surgen elementos suficientes para pedir la prisión preventiva de los sindicalistas.
El bloqueo a la Distribuidora Rey, de San Pedro, se produjo hace más de un año, en febrero de 2021.
La jueza, según reveló a NA el abogado de los sindicalistas detenidos, Mauricio Gugger, sufrió un pico de stress por el que incluso estuvo hospitalizada.
La licencia médica es por 15 días, de modo que no estará en funciones cuando deban resolverse los pedidos de excarcelación, de acuerdo con los plazos procesales.
La defensa de Cabaleyro y Espíndola recusó a la jueza Maiztegui y también a la fiscal Viviani, y al mismo tiempo las denunciaron penalmente por los supuestos delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato».
Además, formularon una presentación ante la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia, cuyos integrantes pidieron tener acceso a las actuaciones.
«Esta mañana nos enteramos que la jueza había pedido licencia y que no iba a estar en la audiencia, que igualmente se hizo. Nosotros presentamos nuestros argumentos y ahora esperamos una resolución favorable por parte del juez subrogante», explicó Gugger.
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