Metrodelegados señalan un intento de encuadrar la actividad sindical dentro de una figura penal tras la denuncia contra 170 trabajadores del subte por «asociación ilícita»

El conflicto en el subte porteño escaló a un nuevo nivel luego de que el Gobierno de la Ciudad, SBASE y la concesionaria Emova impulsarán una denuncia penal contra 170 trabajadores bajo la figura de «asociación ilícita». La causa quedó a cargo de la fiscal Celsa Ramírez e introduce un componente judicial que elevó la tensión en el sector, al punto que el gremio declaró el estado de alerta y movilización sin descartar nuevas medidas de fuerza.

Según la presentación judicial, la acusación se vincula con medidas gremiales desarrolladas entre 2024 y 2025, incluyendo paros y acciones sindicales promovidas por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), el gremio que ahora conduce Néstor Segovia.

Desde la organización sindical rechazaron de plano la imputación y sostuvieron que se trata de un intento de encuadrar la actividad sindical dentro de una figura penal. En ese sentido, advirtieron que la denuncia busca criminalizar la protesta y limitar el ejercicio de derechos vinculados a la organización colectiva, en medio de una relación históricamente tensa entre la concesionaria y el personal del subte.

El gremio denunció la existencia de una persecución contra sus afiliados y convocó a organizaciones sindicales, sociales y políticas a pronunciarse frente a lo que consideran un avance sobre derechos constitucionales como la libertad sindical y el derecho a huelga.

Como antecedente, desde la AGTSyP recordaron que en 2018 la misma fiscal Ramírez había impulsado una denuncia de características similares, que finalmente fue desestimada por la Justicia. Ese episodio es señalado por el sindicato como un indicio de reiteración en el intento de judicializar la actividad gremial, lo que profundiza la desconfianza del sector hacia las autoridades.

El conflicto de fondo se inscribe en una relación atravesada por reclamos laborales, condiciones de trabajo, como la conocida lucha por la eliminación del asbesto en las formaciones, y antecedentes recientes de medidas de fuerza. La judicialización del caso suma un elemento de mayor complejidad al exponer a los trabajadores nuevamente a posibles consecuencias penales por acciones que, desde el gremio, defienden como legítimas dentro del marco de la negociación colectiva.

La figura de «asociación ilícita» implica penas privativas de la libertad, lo que eleva sustancialmente el costo de la protesta sindical y genera una fuerte preocupación entre los empleados del subte, pero que debería preocupar a todos los trabajadores.

En este contexto, el gremio convocó a una conferencia de prensa para este miércoles 6 de mayo, donde se espera que se amplíe su postura sobre la causa y detalle el escenario actual del conflicto. Aunque no fueron confirmadas oficialmente, no se descarta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza que podrían impactar en la prestación del servicio.