Los judiciales bonaerenses pidieron avanzar en una «reforma integral» que logre «quebrar la composición corporativa, sin perspectiva de género y antidemocrática del Poder Judicial»

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cabeza del juez Horacio Rosatti por la cual deja sin efecto una ley nacional votada en 2006, modifica la composición del Consejo de la Magistratura, y se autoproclama presidente del mismo, los trabajadores judiciales bonaerenses expresaron su rechazo. Pidieron avanzar en una «reforma judicial integral» que logre «quebrar la composición corporativa, sin perspectiva de género y antidemocrática»

La Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB) rechazó ayer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cabeza del juez Horacio Rosatti, se quedó el control del Consejo de la Magistratura y puso el foco en el apoyo que le brindaron la cámara de empresas norteamericanas e IDEA.

«En primer lugar, en diciembre de 2021 la Suprema Corte deroga una ley vigente votada en sus plenas facultades por el Poder Legislativo en 2006, que definía que el Consejo de la Magistratura debía estar compuesto por 13 miembros. Éste es un organismo trascendental, que administra el presupuesto del Poder Judicial, organiza los concursos de los nuevos jueces y analiza el desempeño de los magistrados, con la facultad de sancionarlos e incluso separarlos de sus cargos», abre el texto de los conducidos por Hugo Russo.

«En el mismo acto la Corte nacional exhortó al Congreso de la Nación a que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación», añadió.

El gremio de judiciales detalles que «Seguidamente (la Corte) determina, arrogándose facultades del Poder Legislativo, que hasta tanto se sancione la nueva ley, para lo cual establece un plazo de 120 días, entrará en vigencia la Ley anterior del Consejo que determinaba una composición distinta y aseguraba la presidencia del cuerpo al Presidente de la Corte. Todo esto con pleno conocimiento que el plazo determinado resultaba de imposible cumplimiento para una Ley de tal importancia, y que al concretarse el plazo perentorio la presidencia quedaría en manos del autovotado presidente de la Corte Horacio Rosatti».

Y agregan: «Como muestra gráfica de la manifiesta maniobra inconstitucional desarrollada, citamos el argumento esbozado en disidencia en diciembre de 2021, por el juez Lorenzetti: ‘No puede ser restituida la ley 24.937 porque está derogada. Imponer la aplicación de la ley que fue derogada hace 16 años no solo afecta la seguridad jurídica, sino que además implica arrogarse facultades legislativas que la Corte no tiene'».

Para los judiciales «Lo actuado por la Corte – en realidad por sólo tres de los cinco jueces que deberían conformarla – no debe ser analizado sólo y exclusivamente en relación al fallo de diciembre de 2021, que declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.080, sino que debe leerse en una maniobra compleja, resuelta a alterar la voluntad popular y encaramar a una facción del Poder Judicial por encima de los poderes de la democracia».

Por ello recuerdan «la tantas veces denunciada opacidad con que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce su función».

Y señalan que «no es ocioso observar los actores que, tanto en la presentación de la causa, como en aquellos que rápidamente salieron a aplaudir el fallo, están detrás de la operación. El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, una entidad privada que aglutina a los abogados de los grandes estudios que asesoran a las empresas transnacionales, planteando la inconstitucionalidad, como la AMCHAM, cámara de empresas norteamericanas, e IDEA, destacando la importancia de la ‘seguridad jurídica’, develan un poco más el sentido de la intervención de la Corte».

Por último, desde la AJB rechazaron «enfáticamente» la maniobra y pidieron «avanzar en una Reforma Judicial integral, que no solo modifique el mecanismo de selección y remoción de magistrados en lo nacional y en las provincias, sino que fundamentalmente se abra al pueblo todo y particularmente a las organizaciones de trabajadores judiciales para la participación en las decisiones garantizando de esta manera quebrar la composición corporativa, sin perspectiva de género y antidemocrática, en gran medida alejada de las grandes preocupaciones de la sociedad, que aún posee el Poder Judicial en todos sus estamentos».