Liberaron a tres de los portuarios despedidos pero quedaron imputados acusados de usurpación del Puerto de Rosario

Tres portuarios resultaron imputados acusados de impedir el ingreso de trabajadores y el movimiento de vehículos del predio de Terminal Puerto Rosario.

El conflicto duró 40 días. Fue una pulseada entre las empresas Vicentin y Ultramar que manejan las terminales rosarinas, el Gobierno, el sindicato de portuarios SUPA y trabajadores despedidos. El puerto retomó actividades el 17 de enero.

La disputa se había reactivado esta semana por un piquete que exigió la reincorporación de cinco trabajadores que fueron despedidos de la administradora de la terminal fluvial y no fueron reincorporados luego de un acuerdo con el sindicato.

Tres de los trabajadores portuarios despedidos por la empresa Terminal Puerto Rosario (TPR) quedaron imputados este jueves bajo acusación de impedir el ingreso de trabajadores y el movimiento de vehículos del predio del puerto de Rosario. Tras la audiencia en la que fueron notificados de su situación ante la Justicia, quedaron en libertad.

En la audiencia, el fiscal Carlos Covani les imputó a Diego C., Carlos G. y Marcelo M. el delito de usurpación en concurso real con delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte.

La Fiscalía les atribuyó el hecho ocurrido el pasado 16 de enero, alrededor de las 13.30, cuando los tres -junto a otras personas aún no identificadas- ingresaron a las instalaciones de Terminal Puerto Rosario sin autorización con el objetivo de impedir el ingreso de los trabajadores del puerto, quienes pretendían desarrollar sus actividades laborales. En esa circunstancia, la policía logró apresar a solo estas tres personas.

También se los acusó de haber integrado un grupo de aproximadamente cincuenta personas, en el marco de un reclamo laboral, que ese mismo 16 de enero impidió el ingreso y egreso de vehículos del predio de la TPR.

La jueza de primera instancia Patricia Billota les otorgó la libertad más el cumplimiento de diversas normas de conducta que deberán cumplir por 90 días, entre ellas la prohibición de acercamiento al predio por un radio de 300 metros. Solo uno de ellos, Marcelo M., deberá pagar una fianza de $150 mil.