Así lo definieron las dos vertientes de la CTA. Acusaron al Gobierno de intentar un «tratamiento expres» de la Reforma Laboral. «Esta iniciativa constituye el mayor ataque contra los derechos de las y los trabajadores desde la última dictadura cívico-militar», señalaron.
«Ante el intento de una aprobación exprés de una nueva reforma laboral regresiva impulsada por el gobierno de Javier Milei, la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores expresamos nuestro rechazo absoluto y en su totalidad al proyecto de ley que pretende presentarse bajo el eufemismo de “Modernización Laboral”, pero que en realidad nos retrotrae al siglo XIX», abre el pronunciamiento de las CTA con las firmas de sus secretarios generales Hugo Godoy y Hugo Yasky.
Y señala que «Esta iniciativa constituye el mayor ataque contra los derechos de las y los trabajadores desde la última dictadura cívico-militar, e implica una restauración casi sin límites del poder patronal sobre la jornada de trabajo, los tiempos de descanso y los salarios».
Los ceteístas explicaron que «El proyecto incluye, entre otros puntos, una prohibición de hecho del derecho de huelga y el saqueo de los fondos de la seguridad social, que deberían destinarse a mejorar las condiciones de vida de jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares».
«Se trata de una embestida pro-patronal dirigida contra las y los trabajadores, sus organizaciones sindicales, el sistema de Seguridad social y la propia Justicia Nacional del Trabajo», añade el texto que declara el estado de alerta y movilización permanente «en defensa de nuestros derechos individuales y colectivos, contra la mercantilización de las relaciones laborales y en resguardo del sistema de seguridad social».
«Modernizar es adaptar los cambios tecnológicos y las nuevas formas de organización del trabajo a las necesidades del pueblo trabajador; es reducir la jornada laboral, garantizar empleo digno y permitir que los trabajadores participen de las ganancias. No es, como plantea este gobierno, quitar derechos, precarizar y disciplinar», sostiene.
Y concluye: «El gobierno de Milei pretende reemplazar el Estado Social de Derecho, de raigambre constitucional en nuestro país, por un Estado gendarme al servicio de los empleadores, que ajusta y despoja a jubilados, personas con discapacidad, trabajadores, al sistema de salud, a la educación pública y a la ciencia, para beneficiar a los grandes grupos económicos».




