Las aseguradoras meten presión para que quede vigente la Reforma Laboral aunque desde que se sancionó aumentó la litigiosidad un 13%

La Reforma Laboral enfrentó cuestionamientos judiciales desde su sanción en febrero. Ahora volvió a estar vigente. Desde marzo, la litigiosidad sigue en alza: en el primer trimestre se sumaron casi 27.000 nuevos pleitos y proyectan superar los 138.000 hacia fin de año. La ley se promovió como un freno a la llamada «industria del juicio» y busca desalentar cualquier tipo de reclamo por parte de los trabajadores a través de castigos al demandante e incluso, a su abogado.

La Ley de Modernización Laboral, sancionada a fines de febrero, casi no tuvo oportunidad de entrar a regir plenamente en las relaciones del trabajo. A poco de su promulgación, la CGT y otros sectores presentaron reclamos de inconstitucionalidad que frenaron su aplicación efectiva. En ese lapso, la litigiosidad en materia de riesgos del trabajo continuó su tendencia alcista. Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), entre enero y marzo de 2026 se incorporaron 26.695 nuevos casos, lo que elevó el stock total a 135.000 demandas al comparar marzo de 2025 con el mismo mes de este año.

El informe de la entidad advierte que la causa estructural del crecimiento desmedido de los juicios reside en que la mayoría de las Cortes Supremas provinciales aún no cumplió con lo establecido por la ley al no designar Cuerpos Médicos Forenses que se ocupen de las pericias ante casos de controversia. “Con este registro, la litigiosidad presenta un aumento en comparación con el primer trimestre de 2025 y continúa así su crecimiento desproporcionado”, señalaron desde UART, destacando que incluso enero, tradicional mes de feria judicial, mostró una actividad inusualmente alta.

Según las aseguradoras, el ingreso de juicios en marzo aumentó un 13% respecto de 2025. De mantenerse esta tendencia, “la proyección para fines de 2026 es de más de 138.000 juicios, una cifra que rompe el récord de 2025, cuando se registraron 134.000 demandas”. La reforma laboral de este gobierno fue promovida como una herramienta para contener la denominada “industria del juicio”.

El análisis por jurisdicciones muestra comportamientos dispares. La provincia de Buenos Aires presentó una caída de la litigiosidad respecto de los altos niveles de febrero, aunque aún registra un aumento de casi el 10% en comparación con marzo de 2025. En cambio, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor aumento entre las cinco más pobladas del país, con subas del 26,2% frente a febrero y del 27,5% respecto de marzo del año pasado. Santa Fe, en tanto, avanzó en la constitución de cuerpos médicos forenses: la Cámara de Diputados provincial aprobó la reforma de la ley procesal que establece la intervención obligatoria de ese organismo.

La Ley de Modernización Laboral introduce cambios para desalentar cualquier reclamos como establecer que, si un juez considera que el reclamo de un trabajador es excesivo y falla en contra de la demanda, el trabajador y su abogado patrocinante deberán pagar las costas del juicio. También habilita el pago de sentencias en cuotas, incluidos los honorarios de abogados, y establece pautas para evitar que los jueces laborales actualicen montos por inflación con criterios arbitrarios. Además, dispone que los peritos oficiales no pueden fijar honorarios como porcentajes de las sentencias.

El escenario, sin embargo, sigue siendo incierto. El principal cuestionamiento judicial, impulsado por la CGT, quedó revertido en las últimas horas por un fallo de cámara que despejó parcialmente el camino para la aplicación de la norma. Pero el retraso en la plena vigencia de la ley, sumado a la demora en la conformación de cuerpos médicos forenses en las provincias, mantiene vigente el escenario de alta litigiosidad. “Ante un 2026 que proyecta cifras récord de demandas, la aprobación de la Ley de Modernización Laboral podría surgir como un pilar adicional para contener la industria del juicio”, señaló UART, aunque aclaró que eso solo ocurrirá si la norma comienza a aplicarse de manera efectiva y sin más postergaciones judiciales.