La CGT «repudió» hoy la intervención de los medios públicos dispuesta por el Gobierno y la intención de privatizarlos según lo planteado en la ley de ‘Bases’; consideró que va «en contra de la soberanía nacional» y realzó el «rol central» que cumplen para «garantizar derecho a una comunicación plural».
«La Confederación General del Trabajo expresa su repudio ante la intervención de los medios públicos dispuesta el pasado lunes 5 de febrero. Mediante el Decreto 117/24 el Poder Ejecutivo Nacional designó un interventor para administrar RTA S.E. (Televisión Pública y Radio Nacional), TELAM S.E., EDUCAR S.E. y Contenidos Públicos S.E., violando la normativa vigente en la materia y pasando por encima del Congreso, ya que varias de estas empresas contaban con directores designados por distintas representaciones parlamentarias», dijo en un comunicado.
De esta manera hizo referencia al decreto publicado en el Boletín Oficial en el que se oficializó la intervención por el plazo de un año -período que podrá ser prorrogado por única vez por decisión de la Jefatura de Gabinete- y se designó al abogado Diego Martín Chaher como interventor de RTA y, con carácter ad-honorem, de Télam, Contenidos Públicos y del portal Educ.Ar.
Para la central obrera esta decisión del Gobierno de Javier Milei «se encuentra en sintonía con su intención de privatizar las empresas de medios públicos, entre otras sociedades del Estado o con participación estatal, en detrimento de la soberanía nacional».
El Consejo Directivo Nacional de la CGT expresó que «los medios públicos ocupan un rol central en la sociedad democrática» y los consideró «fundamentales para garantizar el derecho a una comunicación plural, con perspectiva federal y en la que se contemplen las voces de los distintos actores sociales».
También señaló que sin medios públicos, la agenda informativa «queda a merced de los grandes conglomerados privados de medios y sus intereses económicos».
«Por lo tanto, la CGT expresa su solidaridad y acompañamiento a las acciones gremiales, administrativas y judiciales promovidas desde las organizaciones gremiales de la comunicación, en defensa de los medios públicos y el derecho a una comunicación plural y democrática», concluyó.
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