La CGT recusó a los jueces que habilitaron la Reforma Laboral, denunció un “premio” del Gobierno y pidió la nulidad del fallo

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para recusar con causa a los dos integrantes de la Sala VIII que dictaron la resolución clave para dejar sin efecto la medida cautelar presentada por la central que frenaba la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. Además, el texto denuncia un presunto “intercambio de favores” entre el Poder Ejecutivo y los magistrados.

El conflicto se desató el jueves pasado, cuando la Sala VIII resolvió modificar una decisión anterior tomada en Primera Instancia por el juez Raúl Ojeda y otorgar efecto suspensivo al recurso de apelación del Estado Nacional, permitiendo así que la Reforma Laboral vuelva a tener vigencia. La presentación de la CGT, a la que accedió InfoGremiales, sostiene que los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González fallaron sin competencia y con una “manifiesta parcialidad”.

El punto más explosivo del escrito se refiere al juez Víctor Arturo Pesino. La CGT sostiene que el magistrado se encuentra comprendido en el artículo 17, inciso 8 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por haber recibido “un beneficio de importancia por el Estado Nacional”. Y pone como ejemplo que un magistrado se excusó de una causa “porque guardaba un sentimiento de profunda gratitud hacia una de las partes”.

El argumento se basa en una publicación del Boletín Oficial del viernes 24 de abril (solo un día después del fallo), donde el Ministerio de Justicia dio a conocer la solicitud del propio Pesino para ser mantenido en su cargo más allá de los 75 años, tal como lo permite la Constitución Nacional con acuerdo del Senado.

“El Sr. Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo y el Estado Nacional podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, señala la presentación, que califica la situación como un “cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”.

Varios medios reflejaron la situación. El escrito cita notas de Perfil, La Nación y Diario Popular que dieron cuenta de la rapidez con la que el Gobierno impulsó el trámite de Pesino horas después de su voto favorable, sin el menor intento de disimulo. La diputada Myriam Bregman (FIT) fue citada en la presentación por haber denunciado en redes sociales la “sospecha de corrupción descarada”.

Además de la recusación contra Pesino, la CGT también aparta a la vocal María Dora González y al propio Pesino por prejuzgamiento (art. 17 inc. 7 del CPCCN). El sindicato critica que los jueces hayan considerado “prima facie” que no están en juego sectores socialmente vulnerables, cuando la propia sala VIII había sostenido el criterio contrario en causas anteriores.

“La desazón que provoca que ‘jueces con especial versación laboral’ consideren que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia es desconocer la ley”, afirma el escrito. La CGT remarcó que los derechos laborales son de “naturaleza alimentaria” y que debió aplicarse la excepción prevista en la ley de medidas cautelares contra el Estado (26.854).

Nulidad por falta de competencia y pedido de intervención de la Sala I

Otro eje central del planteo es la nulidad absoluta de la resolución por falta de jurisdicción. El escrito recuerda que, por un principio de prevención, la causa debía ser resuelta por la Sala I y no por la Sala VIII. La CGT sostiene que la Sala VIII actuó con “premura” y sin darle traslado de la queja al Estado Nacional, vulnerando el derecho de defensa en juicio.

Por ello, el gremio solicita que se remitan las actuaciones a la Sala I para que resuelva la nulidad. En subsidio, la CGT interpone un recurso de reposición (revocatoria) para dejar sin efecto el fallo.

En lo sustancial, la CGT argumentó que la vigencia de la ley 27.802 (de Reforma Laboral) causaría un daño irreparable al cercenar derechos adquiridos de protección constitucional, como la irrenunciabilidad de derechos, los montos indemnizatorios y el derecho de huelga. “No basta con que los jueces digan mecánicamente que el caso no se halla en las excepciones”, sostiene la presentación, advirtiendo que de aceptarse la tesis de la Sala VIII “desaparecería el carácter asegurador de las medidas cautelares”.

Finalmente, la CGT reiteró el planteo del caso federal, habilitando la vía para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y advirtió que acudirá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cristian Jerónimo habló con este medio sobre el caso: “Hace un rato acabamos de recusar a los jueces, tanto a Héctor Pérez como a González, por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, publicando en la boletina oficial la extensión de cinco años más para uno de los jueces. La verdad que genera un manto de duda, de sospecha y de duplicidad que nosotros no vamos a dejar pasar, así que nuestro equipo jurídico acaba de recusar a los jueces. Al ya estar apelada. Pedimos y planteamos la nulidad de la sentencia.”