La CGT rechazó posibles sanciones del Gobierno contra La Fraternidad y la UTA por adherir al paro nacional y denunció persecución

La CGT cuestionó la decisión del Gobierno de iniciar sumarios y posibles multas contra ambos gremios por adherir al paro nacional del 19 de febrero y denunció una “persecución política y sindical” contra las organizaciones del transporte. “Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”, señalaron.

La Confederación General del Trabajo (CGT) rechazó el intento del Gobierno nacional de aplicar sanciones contra los sindicatos ferroviarios y del transporte automotor por su participación en el paro nacional convocado por la central obrera el pasado 19 de febrero. Desde la conducción sindical calificaron la medida como un “castigo político” contra las organizaciones que se sumaron a la protesta.

El pronunciamiento se produjo luego de que el Ministerio de Capital Humano anunciara el inicio de sumarios contra los gremios La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA), además de la posibilidad de aplicar multas que podrían oscilar entre el 50% y el 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador alcanzado por las medidas de fuerza.

En un comunicado difundido este viernes, la CGT cuestionó con dureza la iniciativa oficial y sostuvo que las sanciones anunciadas no pueden ser consideradas seriamente. “Se trata de sanciones estrictamente políticas contra los compañeros y compañeras de La Fraternidad y de la UTA como castigo por la adhesión a la convocatoria de la central obrera”, afirmaron desde el Consejo Directivo Nacional de la central sindical.

La central obrera defendió además la legitimidad de las acciones gremiales y recordó que el derecho a la protesta sindical se encuentra protegido por la Constitución Nacional y por los principios de libertad sindical.

En ese sentido, desde la CGT señalaron que el Gobierno debería enfocarse en la situación económica y social antes que en sancionar a los sindicatos. Según expresaron, el país atraviesa un escenario marcado por el cierre de empresas, el aumento del desempleo y una fuerte caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.

“Si a las autoridades del Gobierno les preocupa la altísima adhesión al último paro convocado por esta central obrera, tienen que saber que es con trabajo que se disminuye la conflictividad social, no con persecución política y sindical”, concluyó el comunicado difundido por la CGT.