La Confederación General de Trabajo (CGT) repudió la iniciativa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, para reformar la Constitución provincial y el decreto de esa administración que sanciona la protesta social, al advertir que acciones como esa «representan pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país».
La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el que «rechaza y repudia enérgicamente el Decreto» 8464 sancionado el pasado viernes 9 de junio por el Gobernador de la Provincia de Jujuy Gerardo Rubén Morales.
En el texto que ya entró en vigencia, se pretende garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, al mismo tiempo que «veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución Nacional y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país», expresaron desde la central.
La CGT encabezada por Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Moyano ofrecieron argumentos legales contra el decreto de Morales: «El uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente veda a todos los estados la posibilidad de punir de cualquier forma el derecho de huelga y extraer de la Justicia del Trabajo los conflictos de características laborales».
Y acusaron al Gobierno de Jujuy de tomar caminos antidemocráticos: «son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra Nación».
La central consideró que este tipo de medidas, que ya se sancionaron en otras provincias, «reflejan el pensamiento de un sector de la política argentina traducido en sendos proyectos de ley presentados en las Cámaras del Poder Legislativo Nacional, representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT».
El texto concluye instando a todos los responsables políticos al cese de este tipo de medidas.
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