La Asociación Bancaria (AB), que lidera el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Sergio Palazzo, denunció la «persecución y armado de causas» contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como ocurrió con los expresidentes Hipólito Yrigoyen y Juan Perón, y exigió «la inmediata ampliación de los integrantes de la Corte Suprema».
«No hay democracia sin justicia, ni justicia sin justicia social. Se nos impone desde el Poder Judicial una inevitable confrontación, por lo que la Bancaria exige la inmediata ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema, una reforma judicial que garantice el ejercicio de la soberanía popular en la elección de magistrados y Consejo de la Magistratura y elevar al máximo tribunal la causa por la deuda con el FMI», afirmó.
La organización sindical también sostuvo en un documento que «esa contratación de deuda fue criminal y contrarió los estatutos de la entidad financiera», por lo que demandó «la revisión del inviable e inflacionario acuerdo de marzo último con ese organismo».
Los bancarios reclamaron «la liberación del secreto fiscal de personas y corporaciones sospechadas de fugas de capital, trafico de divisas, lavado de dinero y evasión tributaria y de eventuales beneficiarios de la contratación de deuda con el FMI» y «la reforma del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos alimentarios», añadió el documento.
«Hay que analizar de forma urgente el proyecto presentado por los diputados nacionales bancarios; revisar los salarios diferidos de los jubilados, cuya actualización no fue suficiente, y las estructuras de los costos de producción y comercialización de alimentos, energía e insumos para la producción, y tratar iniciativas legislativas que garanticen que se hagan cargo del pago de la deuda sus beneficiarios», enfatizó la conducción nacional.
El documento, titulado «No hay justicia», aseguró que el gremio «no callará» ante «los muy graves hechos de degradación de la democracia, que importan un peligro cierto y una vulneración de los derechos de los trabajadores», y señaló que «existen castas que desde el poder corporativo, mediático y judicial pretenden consagrar un orden sistemático de violación de los derechos sociales y políticos inherentes a toda sociedad».
«Ello se realiza en beneficio de minorías a las que solo importa el mayor beneficio propio y acumular riqueza a costa de los demás, lo que no es nuevo en el país. La estrategia es siempre la misma: escandalizar con el armado, apertura y sustanciación de procesos por supuestas decisiones prebendarias en la gestión pública, a la par que se pergeñan estrategias que encubren un fabuloso vaciamiento de la Argentina», dijo el gremio.
La Bancaria sostuvo que esos jueces aseguran «defender la justcia cuando en realidad promueven su negación»; dijo que «nadie está a salvo cuando se promueve la violencia y un aniquilamiento físico, psicológico, cívico o económico», y afirmó que «el Poder Judicial instrumenta procesos para condicionar al Legislativo y al Ejecutivo en sus decisiones e influir con procesos amañados para imponer proscripciones electorales»
«Ello procura favorecer a los candidatos proempresarios que promueven la derogación de los derechos laborales. La inacción judicial contra el poder económico y la instrumentación articulada con las corporaciones del Poder Judicial como contrapoder del Legislativo y el Ejecutivo, cuyos integrantes elige el pueblo, atenta contra el orden constitucional», concluyó.
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