El Gobierno estudia pasar a planes sociales a los jubilados y jubiladas que accedieron por moratoria. El golpe le llegaría a unos cuatro millones de personas que se jubilaron en las distintas moratorias sin haber completado los aportes. Desde Casa Rosada lo ven como una forma de «terminar con las injusticias heredadas».
El Gobierno de Javier Milei estudia pasar a los jubilados y jubiladas que accedieron por moratorias a personas beneficiarias de planes sociales, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito. Aseguran desde su entorno que se trata de «la decisión del presidente de terminar con todas las injusticias heredadas».
La iniciativa que analiza el Gobierno debería pasar por el Congreso, dado que las moratorias anteriores fueron dispuestas por leyes parlamentarias.
El ajuste alcanzaría a casi 4 millones de personas que se jubilaron en las distintas moratorias sin haber completado los aportes. El Gobierno sostiene que ellos fueron los que llevaron a que se desfinanciara el sistema previsional omitiendo que es un conflicto que supera las fronteras argentinas.
Los años de flexibilización laboral, la extensión de la esperanza de vida y la falta de reconocimiento del cuidado doméstico como trabajo fueron dejando a estas personas fuera del sistema. Ahora además las señalan como culpables de restar recursos a aquellos que aportaron durante su vida laboral. Jubilados contra Jubilados.
Mientras siguen sin poder controlar la inflación y los jubilados perdieron ingresos por un 30% en los últimos meses (en valores reales), el Gobierno pensó en armar dos categorías de jubilados y pasar a los que la alcanzaron por la moratoria, pasarlos a un sistema de subsidios relacionados a los planes sociales.
Se calcula que en la actualidad hay más beneficios otorgados por moratorias (3,6 millones) que beneficios otorgados por haberse cumplido con la totalidad de los aportes regularmente requeridos (3,2 millones).
Para dimensionar la importancia de la medida, el pago de jubilaciones y pensiones representa casi el 40% del total del gasto público. El denominado Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) representó el año pasado un gasto equivalente a 7,2% del PBI, según datos de IDESA.
Con datos a 2019, es decir antes de la pandemia, puede observarse que los aportes salariales financiaban sólo 55% del sistema jubilatorio, el resto proviene de impuestos y transferencias del Tesoro. Las últimas estimaciones arrojan que existen 1,8 trabajadores aportando por cada persona que cobra un haber, cuando se considera que deberían ser por lo menos tres para que el sistema se autofinancie.
El SIPA está concebido como régimen general. Pero en su interior operan regímenes especiales con beneficios superiores y regímenes diferenciales con menor edad de retiro, señala IDESA.
En paralelo al Sistema Integrado Previsional Argentino, y con escasa articulación, operan 13 cajas provinciales, 29 cajas municipales, 82 cajas de profesionales, 2 cajas de bancos públicos y cajas complementarias. En general, las cajas que no pertenecen al SIPA tienen reglas más beneficiosas y, dentro de ellas, también hay regímenes especiales. La suma da como resultado cerca de 240 regímenes que pagan unos 10 millones de jubilaciones y pensiones.
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