Imputaron por trata de personas a un empresario gastronómico, acusado de explotar laboralmente a siete trabajadores

Lo imputaron por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación”. Se trata de un empresario gastronómico de la localidad de Cerrillos, en Salta.

El fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal subrogante Paula Gallo formalizaron la investigación penal e imputaron por trata de personas a un empresario gastronómico, acusado de explotar laboralmente a siete trabajadores dentro de una finca dedicada a la producción porcina y donde también se cultivan tabaco y aceitunas.

El juez federal de Garantías de Salta, Diego Anzorreguy, hizo lugar a la imputación por el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravada por el número de afectados, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y por su consumación”. También otorgó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación y le fijó al empresario medidas coercitivas, que incluyen la prohibición de salida del país y de no tener contacto con algunos empleados.

En la audiencia el Ministerio Público Fiscal federal explicó que las actuaciones se originaron a partir de una denuncia anónima al servicio telefónico gratuito 145, establecido por el Ministerio Nacional de Seguridad para alertar sobre situaciones de trata de personas.

A partir de esa denuncia, personal de la Procuraduría de Trata de Personas (PROTEX) y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizaron una inspección a la finca ubicada en la localidad de Cerrillos donde advirtieron condiciones insalubres e irregularidades graves respecto a la percepción de ingresos por parte de los empleados.

Los fiscales explicaron que algunos trabajadores vivían en condiciones de extrema precariedad en habitaciones con piso de tierra, camas hechas con palets, baños de letrinas y para asearse tenían que calentar agua en tachos. Reforzaron su descripción con fotografías de la finca mientras detallaban la situación laboral de los 20 trabajadores que se encontraban en el lugar.

La fiscal auxiliar Vanina Pedrana señaló que las remuneraciones no superaban, en general, los 500 mil pesos. No obstante, la carga de horario laboral era excesiva y no se pagaban horas extras, feriados ni domingos. Tampoco se cubría a los empleados cuando estaban enfermos o se accidentaban.

En ese sentido, contó que un trabajador sufrió un accidente laboral, pero no fue asistido por el finquero y tuvo que ser trasladado por un familiar. Y después no fue compensado por la lesión que sufrió ni se le pagó por los días que no pudo trabajar.

La fiscalía detalló que el empresario disponía “de manera discrecional” de los trabajadores: si bien eran registrados como personal para cosecha de tabaco, luego se los derivaba a otras tareas, en especial a la cría de la raza de cerdo negro, la especialidad de un local gastronómico que tiene el empresario. Esta raza porcina adquirió notoriedad nacional hace días nada más por una ley impulsada por la diputada nacional Yolanda Vega para que se declarara a Cerrillos Capital Nacional del Cerdo Negro.

En la audiencia del miércoles, los representantes del MPF explicaron que la registración como trabajadores del tabaco es una maniobra común e ilegal, pues los empleadores lo hacen para pagarles una carga salarial menor para destinarlos después a la cosecha de aceituna o a la producción porcina.

En la finca inspeccionada encontraron adultos mayores que eran explotados con tareas excesivas y pagos exiguos, a tal punto que uno de ellos debía asistir a un comedor de Cáritas, ya que no le alcanzaba para comer.

En contrapartida, exhibieron la situación financiera del empresario que, según lo informado por ARCA, registró ingresos que superaron los 600 millones de pesos en 2025 y una suma similar en lo que va de este año. En ese sentido, dejaron en claro que el finquero cuenta con la solvencia para darles las condiciones dignas de viviendas a sus empleados, como así también cumplir con el pago salarial previsto por ley.