El fiscal federal Ramiro González le requirió al juez Rodolfo Canicoba Corral que el sindicalista, sea investigado por el presunto delito de haber lavado dinero a través de empresas controladas por gente de su entorno.
La denuncia contra Suárez fue realizada por la interventora del sindicato, la diputada nacional del PRO Gladys González, quien sostuvo que el objetivo de las maniobras era obtener el control accionario de la empresa Marítima Maruba SA, que posee el monopolio de transporte de cargo de las rutas marítimas y fluviales de Argentina.
De acuerdo al requerimiento de instrucción al que tuvo acceso Télam, las sociedades de las que se sospecha son Fundación Azul para el cuidado y la preservación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre; Marítima Maruba SA; Mercantes SA; Pescamarine SA y San Jorge Marítima SA; entre otras.
La interventora del SOMU había señalado como sospechosas a la Fundación Azul y a Mercante SA.
El «Caballo» Suárez fue desplazado del SOMU en febrero de este año acusado de haber desviado fondos del sindicato y fue imputado por el juez Canicoba Corral como presunto jefe de una asociación ilícita y por administración fraudulenta en perjuicio del gremio y su obra social.
En su declaración indagatoria en relación a ese hecho, Suárez rechazó «haber cometido delitos en perjuicio del Sindicato de Obreros Marítimos ni `acto alguno que pueda ser calificado como infiel o abusivo´».
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