Abogados y abogadas del fuero laboral denunciaron una maniobra de Juntos por el Cambio para «colonizar» la Justicia Nacional con el fin de «suprimir derechos laborales».
La «Corriente de Abogadxs Laboralistas 7 de Julio» expuso en un comunicado una nueva maniobra judicial de el partido opositor cambiemista.
«El objetivo inmediato del proyecto es intervenir para revertir la quiebra de la sociedad del Grupo Macri que fue concesionaria del Correo Argentino, y evitar la extensión a las demás empresas del grupo.», advirtieron.
Los abogados del ex presidente ya habían planteado esta opción como salvoconducto pero la Procuración General de la Nación que dirige Eduardo Ezequiel Casal consideró a fines de agosto pasado que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires no debía intervenir en las revisiones de las decisiones que se toman en la causa comercial del Correo.
Si la maniobra judicial fuera aceptada, su alcance sería aún más grave que el encubrimiento a Mauricio Macri: «al pretender convertir a un tribunal local -cuya mayoría fue designada a dedo por Macri y Rodríguez Larreta- en superior de los tribunales nacionales, abre el camino para revisar los fallos de todos los fueros de la Justicia Nacional que afecten a los grandes grupos económicos y, especialmente, para desarticular a la Justicia Nacional del Trabajo y dejar sin efecto los fallos de ésta que reconozcan derechos a los/as trabajadores/as.»
Es decir, Cambiemos invertiría el peso jerárquico entre la Justicia nacional y la local de la ciudad de Buenos Aires. Además, podría afectar el alcance de la legislación laboral que ni el partido en el gobierno ni el movimiento sindical le permiten modificar.
«La intención ya expresada por Larreta y Lousteau de que los trabajadores/as no tengan protección contra el despido arbitrario -y con el despido libre para las empresas los trabajadores/as pierden todos sus derechos- encuentra un camino alternativo en este proyecto: si mantienen derechos y la Justicia Nacional del Trabajo se los reconoce, la intervención posterior del Tribunal Superior de la CABA se los desconocerá.», advirtieron.
Una vez más, usarían a la ciudad como laboratorio de recorte de derechos. «La pretensión del gobierno de la CABA es de suma gravedad institucional.»
La Corriente 7 de Julio agregó para cerrar que «arbitrará todos los medios
legales y políticos a su alcance para repeler este nuevo ataque a las instituciones y a los derechos de los/as trabajadores/as.»
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